Rosa Elsa Parrilli, la jueza penal de faltas porteña que en 2009 fue destituida de su cargo por maltratar y discriminar a dos empleadas de tránsito de la Ciudad que le querían cobra una multa por una infracción de tránsito, deberá cobrar ahora una indemnización a raíz de no haber sido designada en el 2003 como magistrada del fuero contravencional.

La curiosa pirueta judicial la consolidó la Sala I en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que confirmó la demanda de Parrilli “por los daños y perjuicios que le habría ocasionado el ‘accionar lícito del Estado local en ocasión de la sanción y aplicación efectiva de las leyes 935 y 1086’, que demoraron su designación como magistrada”. Esas leyes redujeron de 38 a 31 la cantidad de jueces que iban a integrar el fuero contravencional de faltas y no permitieron el ingreso de la ex magistrada, por lo que la sala hizo lugar a la demanda de Parrilli por su “expectativa frustrada”, aunque redujo el monto indemnizatorio que había sido fijado en primera instancia.

El fallo asegura que Parrilli pasó “todas las etapas del concurso y se creó (en la demandante) una expectativa a futuro y un derecho subjetivo a percibir los beneficios salariales conforme el nuevo cargo para el que fue designada”. En septiembre de 2009, fue filmada cuando irrumpió en las oficinas de la playa de infractores de tránsito del Obelisco para recuperar el auto que le había sido remolcado por mal estacionamiento. En esa ocasión expresó, dirigiéndose a las empleadas: “Acá son todas morochas ni una rubia contratan. Tontitas, ¿no se dan cuenta quién manda acá? Mando yo y no tengo que pagar, como no pago nunca”. Aunque intentó alegar una crisis psicológica, las afectadas radicaron una causa civil contra la magistrada, mientras que el Consejo de la Magistratura la investigó y destituyó en el marco del juicio político que se le siguió por mal desempeño.