Un fallo judicial suspendió de manera inmediata los efectos de la resolución 642 por la cual el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, legitimaba el alojamiento de presos del SPB en comisarías de la provincia. El fallo, dictado por el juez platense en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) el 1º de septiembre pasado. La medida incide sobre todas las seccionales de la provincia y avanza sobre el hacinamiento de detenidos en comisarías que, de acuerdo con estadísticas presentadas por el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, prácticamente duplicaron su cantidad en los dos últimos años, de casi 900 en 2012, a 1700 en 2014, aunque se estima que existe un subregistro y que la cantidad oscila actualmente en los 3 mil. La 642 fue resuelta en el marco del decreto de necesidad y urgencia dictado por Scioli sobre la emergencia en seguridad, y ordenaba la reapertura de calabozos de comisarías cuyo cierre había sido dispuesto por el mismo gobierno luego de la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH., cuya relatoría testimonió el estado de gravedad inusitada en que se encontraban los detenidos en cárceles y comisarías en junio de 2010.

La presentación del CELS y el CIAJ es una medida para frenar el aluvión de detenciones que desde la asunción de Granados más que puerta giratoria representa una pala mecánica. Según el informe del CELS, realizado poco antes del pedido de la cautelar, en mayo pasado la provincia llegó a su record histórico en los últimos quince años de personas detenidas en situación no transitoria, es decir, a espera de un juicio (según la Constitución, inocentes), y condenados, tanto en cárceles como comisarías: 33.166 detenidos (sin calcular el subregistro de comisarías). Muy por encima de los 30 mil que motivaron a la Corte Suprema la acordada por el fallo Verbitsky, en abril de 2005. En 2012, la cantidad de presos en todo el sistema bonaerense era de 29.183, de los cuales 894 estaban alojados en comisarías.

El fallo de Arias hace mención a la visita de la Relatoría de la Comisión Interamericana de DD.HH. a la provincia de Buenos Aires del 7 al 10 de junio de 2010. “Esa visita –recuerda Arias– motivó el comunicado de prensa Nº 64/10 (...) donde el citado organismo manifestó su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. En lo que aquí interesa, destacó que (cita a la CIDH) ‘... las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención. Además, debido a su formación, el personal policial no está preparado para cumplir con la función de custodia de detenidos (...)’.”

El citado documento fue redactado cuatro años antes de que el llamado de auxilio de la oficial principal Deborah Sánchez, sola, al frente de la seccional 3ª de Avellaneda y a cargo de 30 detenidos (ver aparte), desmintiera que la emergencia en seguridad tuviera como finalidad el aumento de uniformados para solucionar los índices delictivos.

Como resultado de aquella visita de la CIDH, el Ministerio de Seguridad dictó cinco resoluciones durante 2011 y 2012, por las que ordenó el cierre al alojamiento de presos del sistema penitenciario, de un número de calabozos policiales: en 2012, el número de presos en comisarías había descendido a 894. Pero las sucesivas políticas de mano dura comenzaron a presionar sobre la actuación policial. Y se sabe, cuando desde algún sector social, político y periodístico se presiona sobre el palito de abollar cráneos, el palito se activa y pega. En 2013, el número de presos en comisarías aumentó a 1596 y este año a 1694, sin tener en cuenta la cifra negra que lleva la cifra a alrededor de 3 mil. “Las detenciones ya venían ocurriendo –explicó Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS–. Lo que hizo Granados con la 642 fue anular los decretos de 2011 y 2012, y eso es intentar legitimar algo que es inconstitucional con la excusa de que no son detenciones permanentes, sino a la espera de cupos del SPB. Pero es falso, porque como aumenta la presión para que la policía detenga, se incrementan las detenciones y el SPB no va a tener cupos porque ya está desbordado.”

El fallo de Arias no sólo puso freno a los alojamientos, sino que ordenó que se vuelva atrás con los detenidos en comisarías y trasladó a los jueces penales que tienen a su cargo a detenidos para que analicen la situación que pueda derivar de la pérdida de legitimidad del lugar de detención.

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