Parece inminente una intervención parcial sobre la provincia de los Juárez. El Gobierno negocia con el PJ acuerdos políticos para sostener un pedido de intervención federal sobre el Poder Judicial de Santiago del Estero, una medida que debe ser aprobada por el Congreso. De acuerdo con los datos recogidos por Página/12, la decisión contaría con apoyo limitado del bloque de diputados del oficialismo, encabezado por José María Díaz Bancalari. Los diputados aprobarían la intervención sólo si el proyecto se limita a la órbita de la Justicia. Esa decisión coincide con las versiones que ayer fueron creciendo durante todo el día y que indicaban como “inminente” una decisión sobre la situación de Santiago. Anoche, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia aceleraba los resultados del informe que podrían trasformarse en los fundamentos del proyecto. Todos estos movimientos tuvieron como telón de fondo y disparador el escenario de irregularidades en la investigación del doble crimen de La Dársena. Ayer la Cámara Penal de Santiago revisó y anuló el procesamiento de Patricio Llugdar, el único detenido del caso.
La situación de Santiago del Estero podría definirse en los próximos días. Una de las claves es un borrador del informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, un documento que recoge cada una de las disfunciones de las distintas instituciones de Santiago, que ya está en poder del presidente Néstor Kirchner. Parte de esas disfunciones y el tono que tendrá el informe final fueron adelantados el viernes pasado durante una conferencia de prensa realizada in situ por los dos secretarios de Estado enviados por el Gobierno. El de Justicia, Pablo Lanusse, y el de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quienes plantearon allí con claridad los puntos más vulnerables y más críticos de la estructura del juarismo: policía y Justicia.
Poco después de los anuncios, los funcionarios presentaron parte de su diagnóstico en la casa de gobierno de Santiago y dos días más tarde lo hicieron en la Casa Rosada. Según pudo saber este diario, el juarismo tomó nota de las observaciones de los funcionarios nacionales como quien timonea un barco en medio de un naufragio. La gobernadora Nina Juárez preparó rápidamente un proyecto de ley de purga sobre la policía que fue aprobado sin discusión ayer por la Legislatura. A partir de ahora y durante 60 días la gobernación trabajará en los antecedentes de la fuerza de seguridad, teniendo en cuenta sobre todo dos aspectos que preocupan a la Nación: los legajos y las denuncias contra oficiales, suboficiales y personal civil, y el escalafón de ascensos, uno de los puntos considerados por la comisión por sus arbitrarios mecanismos de promoción.
A nivel nacional, en tanto, el análisis sobre el destino de Santiago sigue sus propios caminos. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, se reunió el lunes en la Rosada con Duhalde, Lanusse y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En ese encuentro del que, según trascendidos, también habría participado el Presidente, Duhalde y Lanusse plantearon conclusiones y propuestas de mínima y de máxima, en las que no excluyeron la necesidad de una intervención completa en Santiago.
Ninguno de estos puntos terminó por resolverse. La Secretaría de Derechos Humanos apuraba las conclusiones del informe que terminará de evaluar el Gobierno para tomar una decisión. En tanto, voceros del bloque de diputados del PJ dijeron a este diario que el tema también se revisó en ese ámbito. Los diputados recibieron informes parciales de la Comisión de Derechos Humanos. Con esos datos en la mano, el bloque estaría en condiciones de apoyar una medida limitada y acotada a la intervención judicial. “Nunca se habló de una intervención completa, pero en caso de que lo hicieran, no estarían dadas las condiciones de consenso”, le indicaba a este diario una fuente cercana al jefe del bloque. El propio Carlos Juárez es uno de los más desesperados en este escenario. Durante estos días envió todo tipo de emisarios y mensajes para ganar fuerza y tiempo en la negociación con los kirchneristas. Mercedes Aragonés, por su lado, sacó un nuevo decreto para modificar, esta vez, los mecanismos de trasparencia de la elección de jueces del Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones anuló el procesamiento de José Patricio Llugdar, cuya situación y procesamiento fueron denunciados como irregulares por el Obispado de Santiago.