“La demanda por una mayor presencia de fuerzas de seguridad en los barrios no se circunscribe al número de efectivos, sino que marca la necesidad de una reconsideración sobre su rol y calidad.” La cita no corresponde a un discurso político, ni a una propuesta de una ONG preocupada por cuestiones sociales, ni a un juez “garantista”. Es parte del análisis que hacen los especialistas que trabajaron en el informe “Violencia y homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires”, realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto con cuatro universidades nacionales. El informe analiza lo que dicen, piensan y sienten los habitantes de seis barrios bajos y villas bonaerenses en relación con la violencia que viven, las altas tasas de homicidios a su alrededor y las soluciones que aplican e imaginan ante lo que califican como ausencia de políticas de Estado que tiendan a revertirla. El informe, presentado por el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni en la Universidad Nacional de La Plata, y que fuera motivo de una cobertura publicada por este diario el jueves pasado, podría también ser de uso obligatorio en las escuelas y carreras de periodismo, habida cuenta de las serias distorsiones con que se suele enunciar la realidad de la inseguridad, que sí existe, pero que en su brazo más grueso parece correr por otros territorios que los habitualmente difundidos.

El informe fue realizado por equipos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, las universidades nacionales de La Plata, San Martín, La Matanza y Avellaneda, de la Subsecretaría de Seguridad de Avellaneda y de la Fundación Conurbano. Y se trabajó sobre los barrios Villa Elvira (La Plata), La Rana (San Martín), Dock Sud (Avellaneda), Ciudad Evita (La Matanza), Ingeniero Budge y Villa Fiorito (Lomas de Zamora) tomando como base las estadísticas reunidas por el II informe de la Corte Suprema sobre homicidios dolosos que identificó esas zonas como de alta concentración de casos. De más está decir, sólo para recordarlo, que tanto el II informe de la CS como este informe de la Defensoría desmienten que el eje de la inseguridad pase por las tasas europeas de los barrios de buen pasar. Y sostienen, especialmente las voces de los habitantes de los barrios encuestados, que las fuerzas de seguridad no están presentes allí donde la violencia suma picos de importancia; que sólo con la presencia de esas fuerzas no se resuelven los problemas de violencia; que hay una importante dificultad para acceder a instituciones dependientes de la policía o la intendencia; y que hay una notoria dificultad para registrar los intereses de los habitantes de esos barrios que, para colmo, no coinciden con la suposición moral de que están ahí porque no tienen otro lugar: más allá de la enorme cantidad de problemas que ellos mismos refieren, la mayoría de los encuestados quiere quedarse a vivir allí donde ya se siente arraigada.

Como primer paso, el trabajo buscó conocer qué significa la violencia entre los habitantes de los barrios mencionados y para ello determinó una batería de preguntas que cruzaban desde las condiciones de vida y los niveles socioeconómicos, hasta la idea de las causas de la violencia y en qué hechos se les representa. La nacionalidad de los encuestados es mayoritariamente argentina (93,1 por ciento), seguida por la paraguaya (3,2), boliviana (2,4), uruguaya (0,6), chilena y peruana (0,2 cada una) y otras (0,3). Las edades, mayoritariamente jóvenes: 16 a 25 años, 23,9; 26 a 35, 19,8; mientras que de 66 años y más, apenas 7,3 por ciento. De la encuesta surge que la calidad de construcción de las viviendas en Villa La Rana y Dock Sud es “satisfactoria” en un 70 por ciento de los casos (“materiales resistentes, sólidos y con la aislación adecuada, y a su vez, disponen de cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua”), mientras que en Villa Elvira y Ciudad Evita, la mayoría es “básica” (“no tiene buena aislación, techo de chapa o fibrocemento, con cañerías e inodoro con descarga de agua”) e “insuficiente” (“ninguna de las dos condiciones anteriores”). Villa Elvira, por ejemplo, tiene más de la quinta parte de sus viviendas (21,6 por ciento) con hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Sin embargo, el 75,8 por ciento de los encuestados de Villa Elvira sostuvo que “es un buen lugar para vivir”, subrayando como motivo más importante (60,3 por ciento) la “tranquilidad” y como segundo motivo (20,7) el “arraigo/pertenencia al barrio”, que se vincula con que viven allí sus familiares y amigos. Al mismo tiempo, a la pregunta de “por qué no es buen lugar para vivir”, el 59 por ciento lo motivó en la “sensación de inseguridad” y el consumo de drogas (15,4). En Villa La Rana, en cambio, el consumo de drogas no aparece entre las motivaciones para no vivir allí. En Ciudad Evita llama la atención que menos del 60 por ciento de los vecinos (59,4 por ciento) tiene acceso a la comisaría, y apenas el 35,6 a la delegación municipal. En ese sentido, “e Ciudad Evita la mayoría de las personas encuestadas (59 por ciento) no consideró al barrio como un lugar adecuado para vivir”, siendo el único de los barrios seleccionados donde se produjo un resultado semejante.

En síntesis, las principales problemáticas que perciben los vecinos de Villa La Rana y Ciudad Evita están vinculadas con actividades delictivas por encima del 40 por ciento; en Dock Sud señalan la delincuencia y falta de seguridad (25,7 entre ambas) y las vinculadas con el consumo de drogas y alcohol. Cabe destacar también que respecto del acceso de servicios, en Ciudad Evita, el 34 por ciento dijo no tener ningún acceso al 911, es decir, cuando hay una emergencia se sugiere el arreglate-como-puedas, que no parece tener simetría en ningún barrio de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.

Uno de los objetivos del trabajo era aproximarse a que entienden por violencia los propios habitantes de los barrios seleccionados: el grupo mayoritario (24,2 por ciento) relacionó la palabra con la violencia física; el 15,1 con la simbólica; en tercer lugar y muy cerca, el 14,9 con actividades delictivas y el 10,5 con el consumo y venta de drogas y/o alcohol. Con la violencia de género, el 4,6, aunque podría pensarse que el rubro “violencia intrafamiliar” puede tener incorporados votos en ese sentido, ya que también está particularizado el 0,7 como “violencia infantil”.

El 70,5 por ciento de quienes fueron víctimas de hechos de violencia los caracterizaron como “robo”. En segundo lugar, “pelea a golpes” (8,1), seguido de “tiroteo” (5,2) y, cuarto, “homicidio” (3,5). Entre los hechos habituales de violencia, el maltrato a la mujer ocupó un 7,6 por ciento, al que se puede agregar “peleas dentro de la familia” (7,7) (ver aparte).

El estudio también avanzó sobre las características que se adjudican al hecho violento, es decir, si fue “muy violento”, “violento”, “ni violento, ni poco violento”, “poco violento” y “nada violento”. “Golpear o castigar físicamente” es el que más veces fue considerado “muy violento” (64,4), más aún que “robar” (60,9). La Rana es el único barrio donde “robar” superaba en la cuantificación de “muy violento” (73,5) a “golpear...” (64,8). Como hecho de violencia habitual, el robo es el que ocupa más porcentaje (25,3).

En el cruce por edades de los hechos de violencia más habituales, todos los grupos coinciden en que el “robo” es el más habitual, seguido de “peleas a golpes” y “discusiones” en ese orden, pero el robo aumenta en la consideración de habitualidad a medida que avanza la edad, lo mismo que “peleas dentro de la familia”; en cambio, disminuye “peleas a golpes” y “asesinatos”, que tienen más peso en la franja de “16 a 55 años”. “Requisas” y “detenciones” son mucho más frecuentes entre los jóvenes. Los lugares habituales donde se producen esos hechos es, mayormente, “la calle” (43,9 para las víctimas y 42,4 para las que no lo fueron). La “escuela” tiene un porcentaje alto (12,7 y 17,1 respectivamente). Más, el “ámbito familiar” (17,5 y 16,7) y los “boliches y bares” (16,1 y 16,3). No descartar la “comisaría” (2,3 y 2,9).

Se determinó también que el grupo etario que más sufre la violencia es el de los jóvenes (34,7 por ciento lo consideró así). A los niños, el 15 por ciento de los encuestados los considera como los más victimizados. Incluso los propios jóvenes se consideran en un 42,6 por ciento como los que más sufren la violencia.

Respecto del lugar de residencia, el 45,3 por ciento consideró que quienes más sufren violencia viven dentro del barrio y sólo el 10 por ciento consideró que ese grupo victimizado estaba fuera. Los jóvenes aparecen como los que más sufren la violencia pero, también, como el grupo que más la ejerce (71 por ciento). También es interesante cómo los propios vecinos de los barrios seleccionados identifican como grupos violentos, según la nacionalidad de origen. Si bien el 48 por ciento de quienes fueron víctimas de algún hecho violento no identifica a un grupo en particular como victimario según país de nacimiento, casi el 40 por ciento (39,5) identifica la categoría “argentina”, que supera ampliamente al 6,3 por ciento de “otros países”. La perspectiva de los inmigrantes violentos se diluye cuando se consulta a las víctimas.

Si se trata de determinar cómo resolver la violencia, las fuerzas de seguridad aparecen con una importante carga negativa (ver aparte). De hecho, es interesante identificar lo que ocurre con la violencia de género. El alto número que consideró el maltrato a la mujer como hecho habitual de violencia contrasta con la escasa cantidad de denuncias. Del ciento por ciento de casos sufridos, sólo el 16,7 por ciento fue denunciado, constituyendo la categoría con más bajas denuncias. Y es ahí donde se nota la profunda desconfianza a la policía. De las pocas denuncias realizadas por maltrato a la mujer, el ciento por ciento de los casos se realizó en fiscalías, eludiendo la presentación ante una comisaría de la mujer, supuestamente especializada.

El informe demuestra además que la amplia mayoría de los homicidios tuvo lugar entre personas que se conocían, lo que “problematiza las interpretaciones que identifican de manera unívoca estos hechos con los delitos contra la propiedad”. También que la mayor parte de los encuestados consideró que los homicidios tienen origen en buena parte en discusiones y peleas, y que son homicidios evitables en una enorme proporción. El trabajo concluye en que “los y las habitantes de los barrios identifican la presencia del Estado como deficitaria a partir, en el mejor de los casos, de una intervención reactiva ante los hechos de violencia o, en su defecto, de una ausencia manifiesta”.

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