Silvia Urioste, jueza titular del Juzgado de Segundo Turno de Rocha, comenzó ayer a investigar el crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez, cometido en diciembre pasado en el balneario uruguayo Barra de Valizas. De esta manera, entró en turno luego de que la magistrada anterior, Marcela López, la subrogara durante la feria judicial en Uruguay, y finalizara su turno cuatro días antes con una licencia médica.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Raúl Oxandabarat, informó que la jueza titular ayer empezó a interiorizarse de los detalles del expediente y a tomar contacto con los investigadores para intentar obtener nuevas pistas que lleven al esclarecimiento del caso.

Desde que comenzó la causa, el expediente fue tramitado por López, quien debía cumplir hasta ayer la subrogación, pero el viernes pidió una licencia por razones médicas y el caso quedó en manos de una jueza de Paz.

Mientras se mantuvo a cargo de la causa, López detuvo a 10 personas. En ninguna de las detenciones la jueza halló evidencias que vincularan a los apuntados con el crimen, por lo que todos fueron liberados. No obstante, Oxandabarat dijo días atrás que “de todas las hipótesis de trabajo que se manejaban en la investigación, ninguna de ellas ha sido eliminada. Ni siquiera la hipótesis familiar que vincula a la madrina y a su marido”.

La jueza titular Urioste deberá ahora analizar los distintos resultados de peritajes que llegaron a su despacho, entre ellos el de materiales encontrados en la escena del crimen y de los llamados entrantes y salientes de los teléfonos celulares de Lola y del esposo de su madrina.

Mientras tanto, la filial Rocha del Sindicato Unico de Policías de Uruguay (SUPU) apoyó ayer las tareas realizadas por sus afiliados uniformados para esclarecer el crimen y aclaró que las detenciones dispuestas durante la investigación fueron efectuadas por orden de la Justicia.

“La Policía Nacional sólo efectúa detenciones de personas de acuerdo con lo que la normativa legal del Uruguay posibilita, por lo que las detenciones dispuestas en todos los procedimientos en que la policía ha tenido y tiene que intervenir, siempre han sido, o serán, con la autorización expresa del juez competente o por orden del mismo”, indicó.