Ante la publicación del miércoles pasado de “Los desmontes de la soja”, donde se cita información de organismos ambientales no gubernamentales y de la Universidad de Salta, considero que debemos informar a la ciudadanía sobre qué rol ha tenido el Estado nacional como Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331, conocida como la ley de bosques. Esta autoridad lleva adelante el monitoreo continuo del Estado de los bosques nativos que publicamos en nuestra página web, pues la transparencia de la información pública colabora con la construcción de una democracia participativa.

Ejercemos el control de los ordenamientos y los acreditamos si cumplen con los criterios de sustentabilidad definidos por la ley; actualmente existen 51 millones de hectáreas bajo ordenamiento territorial; fiscalizamos los 4380 Planes de Manejo que están siendo financiados y que cubren más de cinco millones de hectáreas; elaboramos propuestas sobre los contenidos mínimos de los planes de manejo forestal y de uso múltiple del bosque; contamos con guías de participación ciudadana para las consultas ante los cambios de uso del suelo o de elaboración de los ordenamientos; hemos propuesto pautas para la aprobación de los planes a través de los certificados de obra; controlamos la extracción de palo santo y concedemos permisos de exportación. Todas estas acciones las consensuamos en el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde participan todas las provincias, que son las que poseen el dominio de sus recursos naturales.

Ante la situación de la provincia de Salta, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación ha intervenido en múltiples ocasiones, ya sea a través de notas oficiales y de evaluaciones in situ, planteando nuestra preocupación por lo que entendíamos una flagrante violación a la ley de bosques en la aplicación del decreto provincial 2211/2010. En las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente quedaron constancias en sus actas del reclamo de esta subsecretaría ante el secretario de Ambiente de Salta.

Hemos controlado y fiscalizado varios casos de recategorizaciones que han fundamentado nuestra posición. Tal es así que en el expediente Nº 27 532/2014, donde se tramitaba la transferencia de los recursos asignados de 2014 a Salta para la aplicación de la ley, solicitábamos al secretario de Ambiente de la Nación a través de una providencia que no les sean transferidos los recursos si la provincia de Salta no derogaba el decreto mencionado. Ante la decisión del gobernador de Salta de derogar los decretos que permitían las deforestaciones en zonas protegidas por la ley, nos hemos puesto a disposición de la provincia para realizar un trabajo en conjunto, con miras a preservar el bosque nativo salteño y respetar los derechos ancestrales de los pueblos originales consagrados por la Constitución Nacional.

* Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación.