La Asamblea Legislativa de El Salvador indultó el miércoles a una mujer de 24 años que cumplía una pena de 30 años de prisión por acusaciones de aborto, en lo que es considerada una medida inédita en el país y que puede sentar precedente para otras mujeres encarceladas por la misma causa.

En 2007, Carmen Guadalupe Vásquez Aldana, una joven de 18 años que vivía en una zona rural de El Salvador, fue violada cuando trabajaba como empleada doméstica. No contó nada a sus patrones por miedo a perder el empleo, y no supo reconocer que estaba embarazada, algo que tampoco notó la familia en cuya casa vivía. Una madrugada, mientras estaba sola, parió en el cuarto de esa casa; tiempo después contó que la criatura nació muerta, pero la mañana siguiente no dijo nada y trabajó normalmente aunque tenía una hemorragia que no se detenía. Al mediodía, su patrona la llevó al hospital público, donde el médico que la atendió la denunció ante las autoridades por aborto. Guadalupe terminó detenida.

A días de iniciado el proceso, la Fiscalía General de la República cambió la carátula del caso de aborto a homicidio agravado y la joven fue condenada a 30 años de prisión. Guadalupe tiene hoy 24 años.

El Parlamento, de 84 escaños, aprobó el indulto de Vásquez Aldana por 43 votos a favor y 26 en contra, de los 69 diputados presentes en el Congreso. Se trata de un indulto inédito para el país. El veto consideró que se vulneró la presunción de inocencia durante el juicio que la condenó.

La mayoría de votos a favor provinieron del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y partidos aliados, mientras que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y otros colectivos rechazaron la medida.

Organizaciones feministas salvadoreñas llevan meses de campaña para que Guadalupe y otras 16 mujeres en situaciones similares, conocidas todas ellas como “Las 17”, sean indultadas. En el caso particular de Vásquez Aldana, señalan, la condenada no incurrió voluntariamente en la interrupción del embarazo sino que padeció una emergencia obstétrica.

“Este caso sienta un precedente de justicia para mujeres pobres que han sido criminalizadas por el supuesto delito de homicidio sin que se comprobaran los hechos”, dijo Jorge Menjívar, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Etico y Eugenésico. Según esa organización, entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres salvadoreñas fueron acusadas de aborto y 29 de ellas cumplen condenas por homicidio tras haber atravesado un aborto.

El Congreso salvadoreño aprobó en 1997 una ley que establece penas de entre dos y ocho años de cárcel para quienes abortan y para las personas que ayudan a ello o que interrumpen el embarazo con consentimiento. Sin embargo, para estas mujeres la acusación por aborto termina siendo caratulada como homicidio y las sentencias superan la década de prisión.

El otro caso emblemático por el que el movimiento de mujeres salvadoreño pide justicia sucedió hace poco más de tres años. En noviembre de 2011, María Teresa fue encontrada en el baño de su trabajo sangrando. Tenía un hijo de 5 años al que criaba ella sola y no se había enterado de que estaba embarazada otra vez. Tras ser llevada de urgencia al hospital, una persona de la empresa la denunció por aborto; la mujer fue llevada a juicio y resultó condenada a 40 años de prisión por homicidio.

En El Salvador, la prohibición del aborto se extiende aun a los casos en los que la vida de la embarazada corre peligro.

En noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña absolvió a Mirna Ramírez, quien pasó 12 años en prisión por haber abortado. Estos casos podrían sentar precedentes para modificar la situación legal de El Salvador.