No se trata de un piquete pero sí de un corte de calle que no tiene la convocatoria mediática de aquéllos. En este caso, una calle existente pero sin nombre en la Villa 31 fue cortada por una empresa que tomó el pasaje de salida de la barriada y lo transformó, rejas mediante, en un playón de estacionamiento para sus autos y camiones. La empresa, dedicada al transporte de cargas, lleva un nombre casi premonitorio: se llama Capitán Cortés SA. Los vecinos denunciaron a la empresa ante la Justicia. Lo cortés no quita lo valiente.

El Barrio Inmigrantes es una de las cuatro grandes barriadas en que se divide la 31. Está ubicado en diagonal a la Terminal de Omnibus de Retiro, en dirección nordeste. Uno de los extremos de esa barriada tenía entrada por la calle 10, que luego daba salida a la calle 5, paralela a la terminal y principal salida de la 31. La otra entrada al barrio se realiza por la calle 8, que desemboca a la avenida Antártida Argentina. Se realizaba es un buen tiempo verbal. Ya no se realiza más. Al menos, sobre ruedas. Según denunciaron los vecinos del Barrio Inmigrantes, la empresa Capitán Cortés tomó como propia la esquina de la 5 y la 10, tal como figura en su tarjeta de presentación y cerró con un muro y rejas la calle de acceso y dejó un pasillo de metro y medio de ancho para que la gente –unos 900 vecinos– pueda salir caminando y asumirse como ciudadanos de a pie.

“Una calle es una calle y yo tengo que poder andar y circular. Pero si ahora es de ellos porque se lo vendieron, cedieron o adjudicaron, queremos que lo demuestren”, afirmó Jorge, uno de los vecinos denunciantes.

“Estas calles, como la 5 y la 8, son oficiales. No es que yo les puse el nombre: en los mapas están, en la reglamentación urbanística también”, acotó Lourdes Phaxsi, referente barrial. La denuncia fue realizada ante la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) que el Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene en la Villa 31, donde recibe denuncias, realiza asesoramiento jurídico y acompañamiento de las víctimas y facilita el seguimiento de los procesos penales.

“Parecería ser un caso de usurpación del espacio público con fines privados, y como el juzgamiento de este tipo de delito es una de las competencias que la Nación le transfirió a la Ciudad, nosotros presentamos la denuncia ante la Justicia porteña”, explicó Gerardo Fernández, coordinador general jurídico del programa Atajo.

El funcionario señaló que si “aún no hubo demasiados avances” es porque enseguida comenzó la feria, pero aseguró que desde el programa insistirán con el tema porque “es un delito importante” el que inicialmente se evidencia, “aunque surgirá de las investigaciones” si realmente se ha incurrido en esta conducta y quiénes son los responsables.

La calle está cerrada y sólo quedó el pasillo. “Está así desde hace dos meses, no llegaron a cerrarla del todo con un portón porque la gente los amenazó con no dejar entrar ningún camión”, relató Jorge.

Conformado en 1948 por trabajadores portuarios venidos de Italia, el Barrio Inmigrantes constituye el núcleo originario de lo que más tarde se conocería como Villa 31: se extiende sobre la traza inconclusa de la Avenida Gendarmería y está aislado del resto de los sectores por predios concesionados a distintas empresas.

Desde la empresa aseguran que tienen la concesión del predio desde el año 1989 y “se está negociando la renovación, pero no se va a privar jamás el acceso a la villa de una ambulancia”.

“Puede llegar a ser legal, pero si hay una necesidad de los vecinos, un barrio que está encerrado y no tiene acceso a los servicios públicos, hay que darles alguna alternativa”, aseguró la coordinadora de Atajo, Lucía Battistuzzi. El conflicto probablemente no se habría suscitado si el PRO permitiera la aprobación de la reglamentación de la ley 3343 que, aprobada por la Legislatura porteña en 2009, establece la apertura de calles, la construcción de escuelas y servicios de luz, agua y gas en las villas 31 y 31 bis, donde se calcula que viven unas 60 mil personas.