A un año del incendio de Iron Mountain casi todo sigue igual, a no ser por los escombros. Ya no están en el depósito de Barracas, donde ahora se observa un terreno baldío, en el que ni siquiera quedan señales de las cenizas, pero sí restos de mampostería, la pared recortada por el derrumbe que mató a diez servidores públicos, carteles que los reivindican, sus fotografías y un vallado metálico. La Justicia está empantanada en una causa que todavía espera por las pericias. Para un inspector que clausuró a la empresa en 2008, el ingeniero Edgardo Castro, será imposible completar este trámite indispensable porque se removió la prueba. Los restos fueron levantados con una pala mecánica y llevados a un playón policial. La empresa prometió publicar los resultados de su propia investigación el 10 de febrero de 2014, pero sólo se preocupó por llegar a un acuerdo extrajudicial con los familiares de las víctimas: ocho bomberos y dos integrantes de Defensa Civil. En el expediente quedan apenas tres querellantes y uno es una compañía que guardaba documentación. Tampoco hay elementos contundentes sobre si se trató de un siniestro intencional o un accidente.

El 5 de febrero de 2014, a las 7.30, las sirenas despertaron a los vecinos del depósito que la multinacional estadounidense tenía y todavía mantiene –lo que quedó de su estructura– en la manzana comprendida por las calles Quinquela Martín, Azara, Coronel Salvadores y Jovellanos. El humo primero y las llamas después fueron el preámbulo de la tragedia. Una pared se derrumbó y bajo sus escombros quedó la mayoría de las víctimas fatales: siete bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. Doce días más tarde, Facundo Ambrosi, bombero voluntario de Vuelta de Rocha, elevó la estadística a diez muertes.

Todos ellos serán recordados hoy. Un santuario se levanta sobre la vereda donde fallecieron y está rodeado de mensajes que dicen “Héroes de Barracas presentes”, “Justicia y memoria” y hasta un graffiti pintado sobre una pared vecina donde se lee “Tu alma es mi alma, brillará por siempre”. Lo firma Acción Poética Barracas.

La causa judicial en la que se investiga el siniestro se caratuló “NN sobre incendio u otro estrago con muerte de personas”. La lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 18, de Pablo Ormaechea, y tiene la instrucción a su cargo la Fiscalía Nº 37, de Marcela Sánchez. Un año después de los hechos, restan conocerse los resultados de las pericias que hicieron la Policía Federal y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI). La complejidad de la tarea explica la demora para la fiscalía, pero no convence al inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña, que denunció a Iron Mountain hace siete años, el ingeniero Castro, quien nunca fue citado a declarar en el expediente de 18 cuerpos (ver aparte). La fiscal declaró en estos días que había solicitado una tercera pericia a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) “para que haya una visión por fuera de las fuerzas involucradas”, como publicó La Nación.

De la investigación judicial se desprende que en el depósito de Barracas no funcionaron los aspersores, lo que fue ratificado por especialistas como el propio Castro. Cinco días después del incendio, la compañía –que acumulaba varios antecedentes de siniestros en otras filiales del exterior– informó mediante un comunicado: “Apoyamos los esfuerzos de la Justicia para investigar exhaustivamente este incidente, y nos encontramos colaborando completamente en el proceso. Adicionalmente, estamos llevando a cabo nuestra propia investigación interna, que incluye expertos en incendio e ingenieros (...) Por respeto a los procesos de investigación de las autoridades, publicaremos información sobre el incendio cuando sea apropiado”.

A un año del suceso, Iron Mountain no volvió a pronunciarse sobre el tema, como lo prueba su página corporativa. Sólo ayer sacó un escueto comunicado (ver aparte). Prefirió indemnizar rápidamente a la mayoría de los familiares para evitar demandas civiles, aunque la causa penal proseguirá porque se trata de un delito de acción pública. Sólo quedan como querellantes los parientes de Eduardo Conesa, un bombero de la Federal, y la esposa de Pedro Barícola, de Defensa Civil. Entre las 642 compañías y organismos del Estado que confiaban su documentación a la multinacional de EE.UU. en las instalaciones de Barracas, quedó Direct TV como única querellante, según fuentes judiciales.

Las hipótesis sobre un siniestro intencional, incentivadas por el sensible material documental que varios clientes guardaban en el depósito de Iron Mountain, motivaron la apertura de otra causa que cayó en el Juzgado Federal Nº 12 de Sergio Torres. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) informó en mayo pasado que decenas de empresas eran investigadas por presunto lavado de dinero.

Los indicios del supuesto delito estaban en los rótulos de algunas cajas que custodiaba la multinacional: “List Lavado de Dinero”, “Mov lavado”, “Peatonal Florida”, “Cablevisión U$S 250.000.000” y “Offshore”, entre otros. Pero la inscripción más sorprendente figuraba en una caja de Sideco Americana, del Grupo Macri: “Perú (Coima Gral. Egesur Electr)”. Días después, una fuente de Iron Mountain explicó que la “caja de referencia no se encontraba en la planta de Barracas, sino en la planta sita en el Barrio de La Boca”. Un depósito cercano al que se incendió hace un año y que sigue operable sin las condiciones apropiadas de seguridad.

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