Edgardo Castro es ingeniero en Seguridad Ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y auditor en sistemas de calidad y medio ambiente. También se desempeñó como docente de la materia Seguridad contra Incendios. Hoy continúa como inspector en la Subsecretaría de Trabajo porteña en representación de la cual clausuró en 2008 el depósito siniestrado donde murieron los diez servidores públicos.

La gravedad del hecho lo remite a otro, que el ingeniero intentará denunciar en la Justicia por su riesgo potencial: “El gobierno porteño, por medio del Ministerio de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Trabajo a su cargo, encubre a Iron Mountain. En La Boca, en Pedro de Mendoza 2147, la empresa tiene otro depósito en peores condiciones que el de Barracas. Yo le hice inspecciones y se abrió un expediente al que ahora apenas me permiten acceder. No me dejan sacarle fotos, tomar nota de las fojas y mucho menos hacerle fotocopias para llevar el caso a la Justicia. Me presenté con una escribana, porque además de inspector soy delegado de ATE y me enteré de que no estaba digitalizado. También me apartaron de las inspecciones posteriores y mandaron a alguien en mi lugar que no tiene título habilitante”.

Castro intimó al subsecretario Ezequiel Sabor por carta documento para que le permitan acceder a las actuaciones que, por su denuncia administrativa del 24 de febrero de 2014, se abrieron sobre el depósito de La Boca. Cuando el inspector lo visitó constató que la construcción ubicada a la vera del Riachuelo no tenía salida de emergencia y la toma de agua para bomberos estaba inutilizable. Además, en la parte superior de su estructura se notaba la falta de mantenimiento con restos de mampostería que colgaban hacia el exterior.

El ingeniero también es pesimista en la causa por el incendio. “Es imposible peritar el material que se retiró del predio de Barracas y fue llevado a otro lado. Se lo sacó con una pala mecánica, fui testigo del hecho. Se alteró el escenario.”