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Después de agonizar durante dos días, Mía, de 8 meses, falleció en el Hospital de Niños de La Plata, como consecuencia de los golpes y del abuso sexual que habría sido perpetrado por sus padres.

De confirmarse este hecho, una vez más, lamentablemente, nos veríamos obligados a reflexionar sobre la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y las alarmantes estadísticas que muestran cómo en su gran mayoría estos delitos se cometen intramuros, lo cual torna más compleja su prevención, su denuncia y su consecuente investigación penal.

Todo hecho delictivo violento representa una tragedia, un conflicto social de alto impacto que genera en la víctima una lesión en sus derechos y en el Estado una lesión a su seguridad en cuanto al respeto por las normas que garantizan la convivencia. Pero cuando la violencia es perpetrada sobre un niño, las consecuencias del ataque no se agotan en la lesión específica, sino que pueden acarrear secuelas permanentes, tanto físicas como psíquicas y, en el peor de los casos, como en el de Mía, la muerte.

Para decirlo sencillamente: la violencia sobre los niños trasciende la niñez y se enquista de manera permanente en un sujeto que, en caso de sobrevivir, aun en su adultez tendrá que lidiar cada día con aquello.

Estas características particulares de las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes son las que nos obligan como operadores del sistema de administración de justicia a extremar los recaudos para prevenirlas antes de que ocurran, investigarlas cuando sospechamos que han ocurrido y sancionarlas cuando tenemos la certeza, al tiempo que se le brinda contención y apoyo al niño o niña víctima.

Los instrumentos internacionales demandan la activa intervención de los órganos del Estado competentes en la materia, fundamentalmente del Poder Judicial, en miras a la prevención, detección temprana, investigación y condena.

Es por ello que desde los organismos encargados de la protección integral de niños, niñas y adolescentes estamos convencidos de que hay que seguir profundizando en políticas y acciones de promoción y de prevención. Para ello, la capacitación y actualización permanente de profesionales que trabajan en temas vinculados con la infancia y la adolescencia nos permiten detectar estas situaciones de grave vulneración de derechos. Las oficinas descentralizadas y las líneas de ayuda gratuitas constituyen herramientas muy importantes para intervenir, informar o derivar.

Es nuestra obligación aunar esfuerzos en pos de garantizar y efectivizar el derecho del niño a ser escuchado haciendo valer su opinión que muchas veces es el primer signo de alarma que nos permite detectar una relación de abuso.

* Asesora general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.