Mar 03.03.2015

SOCIEDAD  › COMENZó EL JUICIO DEL CASO ELI VERóN, EL PRIMER FEMICIDIO JUZGADO COMO TAL EN LA CAPITAL DE CORRIENTES

El crimen machista que despertó a una provincia

En la ciudad de Corrientes, comenzó el juicio por el femicidio de Eli Verón, la mujer de 39 años que murió a mediados de 2013, tras 55 días de agonía, a consecuencia de una paliza. El único imputado es Adrián Sosa García, que era su pareja.

› Por Mariana Carbajal

En los tribunales de la ciudad de Corrientes comenzó el juicio por el femicidio de Elizabeth “Eli” Verón, cuya muerte después de una golpiza conmocionó a la capital provincial a mediados de 2013, convocó marchas de familiares y organizaciones sociales y de mujeres y obligó al intendente local, Fabián Ríos, a anunciar la construcción del primer refugio para víctimas de violencia machista de la provincia, que será inaugurado en los próximos meses. Eli tenía 39 años y una hija adolescente; falleció tras casi dos meses de agonía a causa de una brutal paliza que le propinó su pareja. “Esperamos que haya una condena ejemplar y que todo este dolor, que padecemos, sirva para otras mujeres; que les deje algo”, dijo a Página/12 Rita Verón, hermana de Eli. El único imputado en el juicio es Adrián Sosa García, de 51 años, con quien Eli convivía hacía año y medio.

El juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Penal (TOP) Nº1 de Corrientes, tuvo su primera jornada el 4 de febrero y se estima que podría terminar a mediados de marzo. Las hermanas de Eli, Rita y Mercedes, sabían que García la maltrataba, sobre todo con palabras hirientes, que la descalificaba, como suelen lastimar los hombres violentos a sus parejas. Además, le sacaba el celular y le impedía el acceso a su cuenta de Facebook, entre otras imposiciones para controlarla, formas típicas de manifestarse la violencia machista. “Me contaba un montón de cosas como ésas. Yo le decía que pensara en ella, en su hija, que no siguiera con él, pero ella volvía”, cuenta Rita, que aprendió en este año y medio en el que viene reclamando justicia, junto a organizaciones de mujeres, sociales y políticas, que acompañan a su familia, que a muchas víctimas de violencia de género les resulta difícil alejarse de su maltratador, por las propias características del problema, en el que después de un arranque de furia viene el pedido de perdón y la promesa de que nunca más van a pegarles o decirles frases lacerantes. “Esperamos que mi sobrina pueda ver al asesino de su madre en la cárcel”, dijo Rita a este diario. La hija de Eli tiene 18 años y estudia ingeniería en la universidad.

El ataque

En la noche del 13 de mayo de 2013, Eli y Sosa García discutieron en el departamento que compartían, sobre la calle Jujuy al 1400. De acuerdo con la investigación judicial, él la insultó, la amenazó de muerte y la golpeó ferozmente. Ella alcanzó a llamar por teléfono a su hermana Mercedes y pedirle que cuidara de su hija, porque de esa paliza ella no iba a salir. Hacía poco que la pareja se había mudado a ese domicilio y la familia de Eli no tenía la dirección precisa para ir a socorrerla. Eli logró salir de la casa alrededor de la 1.30 de la madrugada del 14 de mayo, caminó algunos metros y se desplomó en la calle. La encontró un transeúnte, Bruno Nicolás Baruzzo, quien avisó al sereno de la cuadra, que se encontraba con un oficial de tránsito y un vecino. Ellos, al ver a Eli semiinconsciente, procuraron socorrerla, al tiempo que dieron aviso a la policía y llamaron a una ambulancia.

La mujer fue trasladada al Hospital Escuela General José de San Martín, adonde ingresó con un cuadro crítico y reservado. Tenía lesiones en distintas partes del cuerpo y un coágulo cerebral con deficiencia respiratoria. Sosa García fue detenido inmediatamente, primero acusado por el delito de “lesiones graves”. Eli estuvo internada en terapia intensiva desde esa madrugada y nunca se recuperó; murió el 8 de julio, después de 55 días de dar batalla.

La causa judicial estuvo en manos del Juzgado de Instrucción Nº3 a cargo de Josefina Gómez Cabañas y el fiscal Gustavo Roubineau. Luego del fallecimiento de la mujer, el expediente se recaratuló como “homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima, cometido contra una mujer mediando violencia de género”, agravantes que se incorporaron al Código Penal a partir de la reforma aprobada a fines de 2012. Fue el primer juzgado en la provincia de Corrientes en usar la nueva figura. La causa fue rápidamente elevada a juicio en el Tribunal Oral Penal Nº1, pero la enfermedad de uno de los jueces integrantes del tribunal demoró el comienzo del debate oral hasta la primera semana de febrero de este año.

Se trata del primer juicio por femicidio –en el que se aplica el agravante de violencia de género en la acusación– que tiene lugar en la capital correntina. Sin embargo, es el segundo en la provincia, porque en octubre último el TOP de Mercedes usó la misma figura en una sentencia que condenó a prisión perpetua a Félix Gómez, un hombre que había degollado a su ex esposa Elsa Ramona Arévalo.

“Nada devuelve la vida truncada, nada repara el dolor de la pérdida, Eli es una de las mujeres asesinadas en nuestro país cada 30 horas por la violencia machista”, señaló a Página/12 Caro González, reconocida activista de la provincia por los derechos de las mujeres, integrante de la organización Con Género.

El tribunal que lleva el juicio oral y público está conformado por Juan Carlos Guerín, Cynthia Godoy Prats y Milagros Martínez Spalla (que es subrogante). Por el Ministerio Público, actúa el fiscal Carlos Lértora, quien en un juicio por otro femicidio de la provincia, el de Graciela Leiva, tuvo una actuación muy criticada por las organizaciones de mujeres. La activista González recordó que Leiva fue asesinada en 2011, cuando tenía 19 años. Estaba en su casa cuando su esposo, José Sánchez, de 36 años, la golpeó y luego la atacó a machetazos en presencia de sus dos hijos, ambos menores de edad. Al no tener querellantes, la causa caratulada como homicidio agravado por el vínculo quedó en manos del fiscal.

“Lértora desde una perspectiva machista y misógina pidió una pena de 15 años para el acusado alegando que la infidelidad de la víctima, supuestamente probada en el juicio, debía ser considerada como circunstancia extraordinaria de atenuación”, contó González. Esa fue la pena que le dieron –el tribunal no podía aplicar otra diferente a la que había solicitado el fiscal–, pero como la defensa –que pidió la absolución– apeló, el caso todavía no tiene sentencia firme. Y provocó que organizaciones de mujeres enviaran en octubre una carta a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, reclamando la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de los operadores judiciales (ver aparte). Ahora, explican, esperan que no se repita esa mirada machista en el juicio por el femicidio de Eli.

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