“Esta vez entendí todo” murmuró un periodista a otro, mientras salía de la sala del tribunal de San Martín donde se realizó el primer juicio por jurados bonaerense. El comentario vino a pintar al menos dos cuestiones en esto de contar (y entender) “la verdad de los hechos” tal como presume alcanzarla el sistema jurídico penal: la primera, que los jeroglíficos jurídicos, además de herméticos, resultan incomprensibles a la sociedad porque la mayor parte de los especialistas encargados de transmitirlos (periodistas y medios) no están en condiciones de traducirlos. La segunda, que el juicio por jurados obligó a una traducción inmediata de los operadores judiciales (léase fiscal, defensor y juez) para que el jurado entienda, algo así como un tobogán al llano. El comentario del colega también dio pie a la primera pregunta de esta nota que –con el correr de las preguntas– derivó en debate sobre el nuevo instituto penal: ¿el fallo de un jurado popular es más sensible a la influencia mediática que un tribunal de jueces especialistas? Un juez, un defensor público, una criminóloga y un especialista en sociología del sistema penal, respondieron, analizaron, criticaron y/o aprobaron.

“Los jueces profesionales no parecen ser menos volubles a la prensa que los jurados”, comentó Mario Juliano, juez del Tribunal Criminal 1 de Necochea e integrante de la Asociación Pensamiento Penal. “Con el juicio por jurados no se pretende una imparcialidad de laboratorio, que es materialmente imposible. Nadie vive en una burbuja y en ninguna parte del mundo existe esa posibilidad”, sostuvo Juliano. “La diferencia es que garantiza la imparcialidad.” De qué manera. “Son doce personas. Es muy difícil que estén todas influenciadas por la misma corriente. Por lo menos, más difícil que si son tres ciudadanos aunque sean especializados.”

Para Juliano, “el juicio por jurado representa la oportunidad histórica del Poder Judicial para tender un puente de plata con la ciudadanía y que se restablezca la confianza, que empiece a revisar sus prácticas, y a tratar de mostrar otra sensibilidad”.

En cambio, para Mariano Gutiérrez, especialista en sociología del sistema penal, la llegada del juicio por jurados “tiene que ver con la crisis de legitimidad de los jueces, tanto para absolver como para condenar. El juicio por jurado es un sistema con tradición en la sociedad sajona. El pueblo sajón, en Inglaterra, no permitía que un normando lo juzgara. De ahí que fuera representado en el jurado, que allá venía a ser una representación homogénea, todos sajones. Después, los peregrinos pasaron a Estados Unidos y cambiaron las condiciones, pero llevaron la institución, que permaneció. Pero con la sociedad moderna, aparecen divisiones que no quedan representadas en el jurado, que dice que el pueblo es sólo uno. Con lo que el jurado también empieza a tambalear”.

Gutiérrez se refería a casos como el de Trayvon Martin, un adolescente negro muerto por George Zimmerman, integrante de una patrulla de vigilancia barrial, en Florida, en febrero de 2012. Zimmerman fue considerado no culpable por un jurado compuesto por seis mujeres, ninguna negra ni latina. “Ahí la idea de jurado empieza a tambalear. Hay una crisis en la sociedad y en el jurado que no la representa. Acá llega cumpliendo otra función. Viene a cubrir la crisis de legitimidad que tienen los jueces para decidir. Y al principio va a aparecer como solución, pero después se van a generar esos abogados especialistas en generar emociones, le van a tomar la mano y van a lograr convencer al jurado por cuestiones que no tienen que ver con las pruebas sino con las emociones del jurado. Cuando se empiecen a preguntar, a decir pero ésta no es la justicia que queremos, se va a empezar a poner en crisis el sistema, que va a perder legitimidad. La clave no está en la idea de la reforma sino en la institución, el contexto político, quién la va a ejecutar, la letra chica.”

El estado de Andrés Harfuch es cercano a la euforia. No es para menos. Además de director del área de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, es defensor general de San Martín: la defensora pública Verónica Jollife representó exitosamente al acusado en el primer juicio por jurados que finalizó ayer con un “no culpable” (ver aparte). Para Harfuch, el juicio por jurado representa “un paso elemental para democratizar la Justicia”. Entre las cuestiones que destacó está que el “juicio se hace en castellano. Después, el juez explica en términos sencillos y claros qué es la defensa, que es la acusación. Y tanto la defensa como la acusación tienen que encontrar palabras que la sociedad entienda”. El caso de Trayvon Martin, en Florida, no funcionó, se le recuerda a Harfuch. “Eran seis y no estaba representada la comunidad afro.” El defensor general sostuvo que en cambio en el sistema bonaerense, la composición del jurado es múltiple, “son doce, con lo que se amplía la representación”. Y recordó que no pueden convocarse abogados, ni funcionarios, ministros de cultos, funcionarios de fuerzas armadas, ni nadie reconocido públicamente. “El objeto es evitar que haya liderazgos en las decisiones porque alguien esté más informado o tenga más peso.”

Para Claudia Cesaroni, autora de Masacre en el Pabellón Séptimo, criminóloga e integrante de la ONG Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, en cambio, “hay un desprecio por lo técnico. A nadie se le ocurre hacer un sorteo para que se haga una operación de apéndice. Tampoco se someten a asamblea las leyes después de sancionadas. Ni los actos del Poder Ejecutivo. Por qué, entonces, se decide por sorteo que gente que no está preparada, y que será informada en media hora por el juez sobre lo que es un homicidio simple, legítima defensa o en qué consiste la defensa, después, decida si el acusado es culpable o no. Tampoco fundamenta su voto, con lo que no se sabe a qué apelar. En última instancia, el jurado no resuelve la participación popular porque un acusado es llevado a la Justicia porque la policía decidió detenerlo y reunir las pruebas, y lo hace sin ninguna participación de la sociedad”.

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