A un año y seis meses de la muerte de Kevin Molina, de nueve años, ocurrida en septiembre de 2013 en su casa de la villa 21-24, en medio de un tiroteo al que la familia del chico era totalmente ajena, el juez de la causa procesó a un jefe de la Prefectura por no haber intervenido para hacer que cesara el enfrentamiento entre dos bandas, que intercambiaron más de cien disparos durante varias horas. El magistrado interpretó, tal como vienen denunciando los vecinos desde el primer momento, que “la sola presencia uniformada hubiera desalentado la evolución de los hechos” y lo que es más importante, hubiera evitado “las fatídicas consecuencias ulteriores, corroboradas y previsibles, si se estaba produciendo un enfrentamiento armado” de tal gravedad. El abogado Luciano Ortiz Almonacid, que representa a la familia de Kevin, elogió la parte del fallo que cuestiona con dureza el accionar de la Prefectura, pero rechazó el hecho de que “sobre siete prefectos indagados, sólo se haya procesado al jefe”.

El único procesado por el juez Luis Alberto Schelgel es el prefecto Daniel Andrés Stolfd, jefe del primero de los dos móviles de la fuerza que llegaron al lugar de los hechos en la mañana del 7 de septiembre de 2013. Entre las 8.25 y las 9.02 de ese día, los vecinos hicieron no menos de ocho llamados al 911 para pedir la intervención de alguna de las fuerzas con jurisdicción en la zona: Prefectura y Gendarmería. “Lo importante del fallo es que el juez establece muy claramente el tipo de obligaciones de seguridad que tienen las dos fuerzas nacionales y sobre todo, que si hubiesen actuado como correspondía, Kevin estaría vivo”, recalcó Ortiz Almonacid, en diálogo con Página/12.

Aclaró, de todos modos, que apelaron la decisión judicial por considerar que “fue arbitrario que no haya procesado también a los otros seis prefectos” que iban en los móviles. Los vecinos, a través del abogado querellante, con el aval del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización barrial La Garganta Poderosa, habían denunciado tanto a prefectos como a gendarmes, porque las fuerzas tienen puestos de vigilancia a 50 y 100 metros, respectivamente, del lugar del tiroteo.

La denuncia fue que los uniformados habrían “liberado la zona” donde se produjo el enfrentamiento entre dos bandas ajenas al barrio. Algunos testigos señalaron, incluso, que escucharon a uno de los agentes decir “que se maten entre ellos”, mientras ocurría el tiroteo.

En su fallo, al que tuvo acceso este diario, el juez Schelgel consideró que el personal de Prefectura, que fue el que concurrió al lugar del hecho, “no cumplió con el deber de prevención que tenía a cargo, en su carácter de garante, puesto que de ninguna forma se puede justificar esa precaria actuación prevencional, limitada a posicionarse en la zona conflictiva a la espera de ser incitados a la acción por los vecinos, ni mucho menos alegar que esa zona no les correspondía por cuestiones jurisdiccionales”.

Sobre los argumentos expuestos por los siete prefectos, el magistrado aseguró que “los imputados señalaron en su descargo que estaban cumpliendo órdenes del Comando Radioeléctrico y que, luego de cada desplazamiento, al notar el panorama normal, dieron aviso a dicho comando, el cual les ordenó continuar”. El juez señaló que “sin perjuicio de ello, la mencionada circunstancia tampoco los exime de responsabilidad, pues se encontraban en el lugar del hecho, siendo los únicos competentes para evitar que los sucesos pasaran a consecuencias ulteriores de mayor gravedad. A saber: la muerte del menor” Kevin Molina.

En el fallo se recalcó que “ese resultado fatal, aun analizándolo post facto, no se presentaba como improbable a esas instancias bajo el panorama de violencia que se estaba denunciado al 911. Asimismo, y pese a no haber podido individualizar a los autores de los disparos, como tampoco recabar elementos provenientes de dicho enfrentamiento, entiendo que el personal de Prefectura no efectivizó las medidas necesarias para asegurar el lugar, al menos con un acordonamiento, para que los sujetos depusieran su actitud” poniendo fin a los disparos.

El juez sostuvo que tampoco intervinieron “para resguardar el lugar del hecho garantizando que, con posterioridad, se pudiera acreditar en forma más concreta lo que estaba sucediendo. Tampoco iniciaron actuaciones sumariales a fin de que fuera finalmente la autoridad judicial competente la que decidiera respecto a las medidas que debían tomarse en la zona”. Schelgel dio por sentado que “el personal de la Prefectura Naval Argentina omitió las funciones de prevención que le eran exigibles, por el rol de garantes que detentaban en aquella oportunidad”.

El juez dictó el procesamiento del prefecto Stolfd por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El nombrado sigue en libertad y se le fijó un embargo de 32 mil pesos. Al mismo tiempo se dictó la “falta de mérito” de los prefectos Walter Alfredo Quiñones, Miguel Angel Medina, Darío Javier Chiqué, Enzo Darío Miño y Marcelo Fabián Salas, que siguen ligados a la causa hasta el cierre de la investigación, por la eventual aparición de nuevas pruebas.

Fue sobreseído sin cargo alguno el prefecto Raúl Antonio Gómez, quien declaró que a las 8 de la mañana de ese 7 de septiembre, en el móvil 1132 de la fuerza, fue llevado hasta el Contenedor número 3, en Iguazú y Osvaldo Cruz, “a fin de ir al baño químico” ubicado en el lugar. Allí estuvo hasta el fin del enfrentamiento.

“Apelamos y pedimos el procesamiento de todos porque fue un hecho brutal porque en el tiroteo hubo 105 disparos de armas de guerra, uno de los cuáles mató a Kevin, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran, a pesar del pedido de los vecinos”, concluyó el abogado Ortiz Almonacid.