Organizaciones de inquilinos de todo el país conformaron un nuevo espacio para defender a las familias que no tienen otra opción que alquilar para acceder a la vivienda, y sufren abuso y especulación por parte del mercado inmobiliario, un reclamo histórico de más de 5.000.000 de argentinos. Contratos que aumentan cada seis meses, la exigencia de una e incluso dos garantías y que la comisión la pague el inquilino en vez del propietario, como establece la ley, son algunos de los abusos que ampara un supuesto “acuerdo entre partes”.

“La vivienda es un derecho humano fundamental que sigue estando en manos del mercado inmobiliario, donde los sectores más concentrados impusieron una lógica rentista de la tierra y la vivienda con el solo fin de generar ganancias extraordinarias”, señala el documento fundacional del Frente de Inquilinos Nacionales (FIN).

Según el texto, “las consecuencias son conocidas: expulsión de amplios sectores populares de los centros urbanos, miles de viviendas ociosas, aumentos constantes de los precios afectando la economía familiar”. “La lógica de acceso (a la vivienda) vulnera derechos básicos de las personas garantizados por nuestra Constitución Nacional en el articulo 14 bis y los pactos internacionales”, denuncia el documento que leyeron las organizaciones que hasta ahora trabajaron en forma desarticulada, según sus propios referentes.

“Vamos a trabajar y luchar por una nueva ley de alquileres (Ley de Alquileres Urbanos 23.091), crear un registro de contratos de alquiler y modificar el actual sistema de garantías que desplaza de la posibilidad de alquilar a miles de inquilinos”, precisó Adrián Torres, de la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, al presentar el documento en la Casa de la provincia homónima, en Sarmiento 745, de la Ciudad de Buenos Aires.

Un alquiler justo, según explicitó el FIN, es “aquel que defiende a ambas partes: al propietario de buena fe y al inquilino, y que garantice el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

La migración provocada por la explosión petrolera del Yacimiento Vaca Muerta en Neuquén o el creciente flujo turístico hacia Bariloche, Río Negro, generan una demanda que termina expulsando a los hijos de los pobladores del lugar. “Si lo que rige la actividad son sólo el interés y la especulación –dijo Guillermo Torres, de la Unión de Inquilinos Neuquinos–, el acceso a la vivienda, que es un derecho básico y fundamental, queda vulnerado.”

Las denuncias de que los contratos pasan de 2000 a 8000 pesos en cada renovación en la zona petrolera de Neuquén y Río Negro no son las únicas que delatan las injustas condiciones en que acceden a la vivienda otros argentinos. “Miles de trabajadores pagan el 50 por ciento de sus salarios en alquiler”, afirmó Nire Roldán, de la Concejalía Popular de Rosario, en alusión a una dificultad que consideró “central” en esa ciudad.

Además de las problemáticas regionales, los integrantes del FIN plantearon “generar sistemas de garantías accesibles para los inquilinos” y eliminar el sistema actual que se ampara en que es “un uso y costumbre”; mientras que no existe como requisito en el marco de la ley vigente.

“Nosotros reivindicamos la vivienda desde su función social. No sólo como techo, sino como espacio donde la familia se consolida para vivir dignamente, un espacio adecuado y saludable, con pleno acceso a los servicios públicos y en este sentido es claro que en la actualidad estamos muy lejos de garantizarlo”, sostiene el documento.