El 16 de enero de 2012, una feroz golpiza de guardias del Anexo 1 de la Unidad 6 de San Cayetano, Corrientes, terminó con más de un centenar de presos lesionados, diez de ellos heridos de gravedad, entre los cuales uno, Rubén Sánchez, fue internado en terapia intensiva en estado de coma irreversible, pero esposado a la cama por si le daba por escaparse. Un mes después, birló al guardia, dejó su cuerpo y se escapó. El viernes pasado inició el juicio por torturas seguidas de muerte contra el sargento primero José Armando Blanco identificado según los testimonios. Junto con él habían sido imputados por no evitar ni denunciar las torturas Fernando Lemos, Modesto Leiva, Antonio Ortigoza y Cristian Javier González, pero luego fueron sobreseídos. El juicio se realiza ante el Tribunal Oral Nº 1.

Dos días antes de la brutal paliza, internos de la Unidad 1 habían iniciado una huelga de hambre tras la represión desatada a consecuencia de un reclamo por la negación a la salida extraordinaria por fallecimiento del padre de un condenado. Estimado lector, no se confunda, en este párrafo se menciona la protesta de la Unidad 1, no de la 6. Resulta que las palizas y torturas no son salvajadas de una manzana podrida, sino una plantación de manzaneros de la que algunas manzanas se pueden salvar.

Intervino el grupo especial antipresuntos motines ETOP (Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias), de la Policía Alto Riesgo (designación con cierta autocrítica), y de un camión de Bomberos Voluntarios que hizo los efectos de camión hidrante. El agua, helada, sólo sirvió para reducir algunos hematomas. Les pegaron con palos, culatazos, patadas, usaron picana eléctrica (unas chiquitas de mano, como las de Macri), los lastimaron con cuchillos, para simular peleas entre internos, según denunciaron presos y familiares.

Esa madrugada doce internos fueron llevados al hospital por traumatismos de cráneo, fracturas de brazos, perdigonazos en globo ocular, golpes. Hubo en total casi un centenar de lesionados Volvamos ahora a la Unidad 6, anexo condenados. Los días 15 y 16 de enero se registraron escaramuzas y cruces verbales por la situación desatada en el penal 1. En una de esas escaramuzas, el 16 de enero, los penitenciarios entraron con los monos del ETOP y pegaron lo que se habían olvidado de pegar en la otra unidad. La paliza que le dieron a Sánchez fue tal que otros internos suplicaban que le dejaran de pegar. El ETOP tiene mentalidad distributiva, a los que suplicaron también les dieron. Raúl Sánchez, tras ser depositado en sanidad del penal sin atención médica, luego de varias horas fue hospitalizado, en terapia intensiva, con traumatismo craneoencefálico y asistencia respiratoria.

Sus familiares no fueron notificados por el Servicio Penitenciario. Su mujer, embarazada de 4 meses, y su hermana lo supieron a través de la madre de otro de los condenados. Sánchez estuvo internado en el Hospital Escuela de Corrientes, en terapia intensiva –amarrado a la cama con esposas a pesar de que se encontraba en estado de coma– desde el 17 de enero hasta días previos a su fallecimiento. Según datos de la autopsia el deceso ocurrió por traumatismo craneoencefálico, con pérdida de masa encefálica, sin margen de dudas, compatible con objeto romo.

A raíz de la denuncia y posterior querella presentada por la hermana, Roxana Sánchez, se individualizó e imputó por torturas seguidas de muerte a los penitenciarios Fernando Lemos, Jorge Armando Blanco, Antonio Daniel Ortigoza, Miguel Modesto Leiva y Cristian González, quien permaneció prófugo varios días. Luego, la causa siguió con la misma calificación para el oficial Blanco, quien llegó a juicio con arresto domiciliario por padecer secuelas de un ACV hace dos años. La causa fue desgranándose y perdiendo fuerza, ya que los demás penitenciarios fueron sobreseídos tras recaratular su accionar como omisión de evitar torturas y omisión de denunciar.

El viernes fue la primera jornada de debate, con los clásicos pedidos de nulidad por parte de la defensa, que fueron desestimados tras cuartos intermedios y deliberaciones por parte del tribunal. Aun así, dada la situación de salud del imputado se solicitó que se presente un médico en la sala y constate si se encontraba en condiciones de declarar. El médico revisó y respondió afirmativamente, pero se acordó continuar hoy con presencia médica permanente, para garantizarle al imputado sus derechos y proteger su salud.

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