A nueve años del incendio de un taller textil en Caballito, en el que perdieron la vida seis personas de nacionalidad boliviana, cinco de ellas menores de edad, la causa penal podría prescribir. A pesar de la oposición de la querella, en un juicio abreviado sólo fueron condenados los capataces del local. Los abogados de las víctimas, además, critican que los dueños y los responsables políticos de que ese negocio funcionara nunca hayan sido imputados. La Cámara de Casación Penal debe decidir ahora si la causa caduca y, como consecuencia, las penas quedan sin efecto.

El 30 de marzo de 2006, alrededor de las 16.30, un cable de electricidad sobrecargado hizo un chispazo y prendió fuego una vivienda ubicada en Luis Viale 1269. El edificio tenía dos pisos, funcionaba como taller textil y era albergue de 65 trabajadores. Jaime Geiler y Daniel Fischberg eran los dueños del local.

Si bien el negocio tenía una habilitación como taller de bordado, ojalado y zurcido, expedida en 2001 por el Ministerio de Gobierno y Seguridad porteño, al momento en que ocurrió el incendio estaba vencida. La disposición autorizaba el trabajo de cinco costureros con sus respectivas máquinas de trabajo. En el local, había más de 60 trabajadores y 42 equipos.

A raíz del incendio, seis de los empleados que se encontraban en la planta alta perdieron la vida. Las víctimas fatales fueron identificadas como Juana Vilca Quispe, de 25 años; Elías Carbajal Quispe, de 10; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15; y Rodrigo Quispe Carbajal, Luis Quispe y Harry Douglas Rodríguez Gómez, todos de cuatro.

Desde que ocurrió la tragedia, existe una única causa penal iniciada por Luis Fernando Rodríguez Palma y Sarah Sariel Gómez Sarmiento, padres de Harry. También hay numerosas causas civiles en más de 12 tribunales del fuero federal y ordinario, que aún no tuvieron resolución.

El 22 de septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal 17 dio lugar a la realización de un juicio abreviado, acordado entre la fiscalía y los imputados. Los capataces del taller, el argentino Juan Manuel Correa y el boliviano Sillerico Condori, fueron condenados a una pena de tres años de prisión por el delito de estrago culposo. La decisión fue apelada sin éxito por la querella, que denuncia su inconstitucionalidad.

Gabriel Chamorro, abogado de las víctimas, indicó a Página/12 que “Condori y Correa fueron condenados a tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado. No es lo mismo una condena que se arregla en una oficina, que un juicio oral y público que puede seguir toda la sociedad”.

El mismo tribunal dispuso más tarde la prescripción de la causa, por lo que las condenas podrían quedar sin efecto. La querella apeló también esta medida y ahora la Cámara Penal de Casación, el máximo tribunal en la materia, deberá pronunciarse y decidir si ratifica la decisión.

Chamorro aseguró que en estos días pedirá que se recaratule la causa como estrago doloso, un delito cuya pena máxima es superior al culposo porque implica que hubo intencionalidad. La intención es evitar la prescripción de la causa y pedir la elevación a juicio oral de los capataces y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de ese entonces. La querella apuntará contra el director general de Protección del Trabajo, Florencio Varela; el subsecretario de Trabajo, Empleo y Formación Profesional, Carlos Alberto Arias; y el ministro de Producción, Enrique Rodríguez.

“El local pertenecía a Jaime Geiler y Daniel Fischberg, quienes además le compraban la producción al taller. Pero no fueron ni siquiera imputados en la causa de estrago culposo, que fue la que finalmente prosperó en el ámbito penal”, explicó el abogado.

A su vez, destacó que “tampoco se investigó la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, la falta o la falla de los controles. Para que estos talleres funcionen existe una cadena de responsabilidades y aquí lo que se hizo fue cortar por lo más delgado, por los capataces”.