El legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli presentará hoy una denuncia penal contra integrantes del personal jerárquico de Metrovías y contra un supuesto puntero del PRO por presunta estafa. Según la denuncia, la mecánica consistía en ofrecerles a trabajadores del subte viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a un precio muy barato. Les entregaban boletos de preadjudicación con firmas apócrifas de las autoridades del IVC a cambio de un depósito inicial que iba de 70 a 150 mil pesos. Nadie recibió la vivienda prometida. La estafa alcanzaría a 350 trabajadores y llegaría a los 35 millones de pesos.

La denuncia de Campagnoli –a la que accedió Página/12– señala que “desde fines de 2014, cientos de trabajadores del subte recibieron la oferta de adquirir inmuebles del Gobierno de la Ciudad y firmaron documentos que eran presentados como boletos de preadjudicación”. Este diario pudo observar uno de los boletos (ver facsímil), que lleva la supuesta firma del presidente del IVC, Emilio Basavilbaso, y del gerente general del IVC, Iván Kerr. También figura Mauricio Devoto certificando las firmas desde la escribanía general del IVC. Campagnoli señaló en la denuncia que presume que las firmas son apócrifas. En el caso de algunas viviendas –vinculadas con el traslado de habitantes de la cuenca Acumar– utilizan la firma del presidente de ese organismo, Homero Máximo Bibliani, quien dejó el cargo en 2010.

“Nos llegó una denuncia de un vecino e iniciamos una demanda penal para que se investigue el caso”, señaló Basavilbaso al ser consultado por este diario. “Lo mejor en este caso es que investigue un juez. Por supuesto que ni bien se pueda demostrar que hay un empleado del IVC involucrado, tomaremos las medidas que hay que tomar”, remarcó.

Campagnoli imputa por esta presunta estafa a “un grupo de trabajadores de sectores jerárquicos. Entre quienes son mencionados por los trabajadores se encuentran el jefe de Estacionamiento de la Línea C, dos supervisores de la misma línea y el jefe de Estaciones de la Línea B”.

El legislador de Nuevo Encuentro indica que “del relato de los trabajadores surge también que un supervisor de limpieza de la Línea C era quien facilitaba el acceso a los modelos de boleto de preadjudicación utilizados para la estafa, en virtud de su relación familiar con una persona que supuestamente trabajaría en la actualidad en el IVC”. “Los trabajadores del subte mencionaban a otra persona como un ‘puntero del PRO’, quien tendría relación con la administración del dinero de las ventas”, indicó.

En la denuncia se describe la operatoria con la que se habría llevado a cabo la estafa: les proponían la venta de las viviendas a un precio bajo –-en virtud de un contacto interno en el IVC– y los convocaban a una oficina en el Centro. Allí les hacían firmar papeles en blanco y luego les entregaban el boleto “a cambio de un depósito inicial que oscilaba entre los 70.000 y 150.000 pesos”. Las viviendas que ofrecían eran de los terrenos de Casa Amarilla (Pi y Margall al 900), de Acumar (Luzuriaga 837) y Lafuente 64/70. En la mayoría de los casos, las viviendas ya estaban adjudicadas por una orden judicial o por el IVC.

Campagnoli comentó a este diario que se enteró del presunto ilícito por el secretario general de los metrodelegados, Roberto “Beto” Pianelli. “Se comunicó conmigo Beto Pianelli frente a la denuncia que le llegó de algunos trabajadores de estar frente a una situación que parece constituir una estafa. Se habla de 350 personas estafadas. En promedio pusieron 100 mil pesos. Eso nos daría 35 millones de pesos”, destacó. “No sabemos si hay elementos del IVC involucrados y gente vinculada con el PRO. Vamos a hacer la denuncia penal correspondiente y un pedido de informes. Esperamos que las autoridades del Gobierno de la Ciudad puedan brindarnos explicaciones e investigar si hay responsabilidad de un funcionario porteño”, destacó.

Pianelli, por su parte, indicó: “Nos enteramos a través de compañeros que se estaban vendiendo edificios que estaba construyendo la Ciudad de una manera anormal. Nos comentan que no se los entregaban. Nos dan las carpetas. Empezamos a averiguar qué tenía de verídico. Y ahí nos enteramos de que ya estaban adjudicados. Algunos de los firmantes no estaban más como funcionarios. Ahí nos dimos cuenta de que estamos en presencia de una posible estafa generalizada”. Pianelli reclamó que “se investigue esto y se tomen las medidas necesarias para ver qué complicidades hay. Metrovías hasta ahora no tomó ninguna medida. Las personas siguen en su cargo”.

La empresa del Grupo Roggio emitió un comunicado interno en el que advirtió que recibieron consultas “que dan cuenta de la presencia de personas que invocarían el carácter de promotores de planes de vivienda para el personal”. “La empresa no tiene ninguna relación con planes de vivienda ni con acciones comerciales o promocionales de ningún tipo –se atajaron–. La empresa no auspicia ni tiene relación alguna con las gestiones.”

Facsímil de un boleto con las firmas presuntamente falsificadas.