Entre 2008 y 2013 “el trabajo no registrado ha tenido una disminución a nivel nacional, mientras que se mantuvo sin variantes en la Ciudad de Buenos Aires, salvo en las comunas del sur, donde en lugar de bajar subió cerca del diez por ciento.” El informe, al que tuvo acceso Página/12, fue realizado por los legisladores del bloque Nuevo Encuentro y señala también que las inspecciones realizadas en la Ciudad sobre normativa laboral, trabajo a domicilio y trabajo infantil, cayeron de 3748 en 2012 a 2700 en 2013, según datos oficiales del gobierno porteño. “Una de las comunas donde más se incrementó la presencia de talleres textiles no registrados es la 7, casualmente la de Flores, donde se produjo la tragedia en la que murieron dos niños”, Orlando y Rodrigo Menchaca, de 5 y 10 años, le dijo a este diario el diputado porteño José Cruz Campagnoli. Los legisladores del bloque ahora investigan una denuncia que involucra –una vez más– con los talleres clandestinos a las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

“La tragedia de la calle Páez (2796) y el incendio intencional posterior estarían relacionados con alguna documentación que vincula a las marcas Awada y Cheeky –señaló Campagnoli–. Hay que investigar bien a fondo si esos talleres trabajan para estas marcas tan importantes, porque de esa manera, esta tragedia lamentable, que no debe quedar impune, podría producirle un sacudón al gobierno porteño para incrementar las inspecciones y terminar con la explotación de los trabajadores.” Las dos firmas mencionadas fueron denunciadas varias veces ante la Justicia.

–Además de las inspecciones y los allanamientos, los trabajadores de esos talleres están reclamando que se contemple que con cada cierre, ellos quedan en la calle, sin trabajo. ¿Están pensando en la posibilidad de encontrar una solución integral al problema?

–Lo que buscamos es ponerle fin a este sistema actual de indiferencia y desidia del gobierno porteño. Estamos empezando a construir una herramienta para que el Estado se haga cargo de las personas afectadas por la red de explotación laboral. Estamos de acuerdo en que hay que darle una respuesta seria e integral a este tema. Tenemos que evitar muertes como en el caso del taller de la calle Páez, que se podían haber evitado porque hubo allí una inspección en 2009 que no arrojó ningún resultado positivo. Al mismo tiempo, tenemos que instrumentar una respuesta integral.

Campagnoli explicó que se vienen realizando unas 15 inspecciones por semana, pero la mayoría de ellas no arroja ningún resultado porque “los inspectores, la mayoría de las veces, no pueden ingresar a los lugares denunciados, porque les niegan el ingreso o porque directamente no responden al timbre ni cuando golpean las puertas”. Precisó que esta imposibilidad de que ejerzan “su poder de policía es que nunca son acompañados por la fuerza pública de la Ciudad, porque la Policía Metropolitana nunca acompaña a los inspectores”.

El legislador afirmó que lo que se necesita es “un cuerpo de inspectores mucho más numeroso y la intervención de la fuerza pública de la Ciudad, para poder enfrentar a las marcas grandes que siguen explotando los talleres no habilitados donde las personas ganan dos pesos por hora y tienen que trabajar 15 horas por día, confeccionando prendas de vestir que luego se venden a 1500 pesos o más, en los mejores negocios del norte de la ciudad de Buenos Aires”.

El informe de Nuevo Encuentro recordó que la existencia del taller de la calle Páez, al igual que “otros de la misma zona” había sido previamente denunciado por la Fundación La Alameda, en octubre del año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño “no realizó ningún tipo de inspección ni intervención” en los seis meses posteriores “para frenar los atropellos a los que eran sometidos los trabajadores que se desempeñaban allí”. Se puntualizó que la “inacción del Ejecutivo porteño” que llevó a la tragedia “no es una excepción” de lo que viene sucediendo “en la Ciudad más rica del país, administrada por uno de los estados subnacionales con mayor presupuesto”.

En la Capital Federal “el trabajo ilegal se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años e incluso ha crecido en las comunas del sur”, a diferencia de “lo que ocurre a nivel nacional, en donde el trabajo no registrado disminuyó entre 2008 y 2013 de 37 por ciento a 33,7 por ciento”. En la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo con valores que “siempre oscilaron en el orden del 27 por ciento”. En ese marco, la diferencia más notoria es la que se observa entre las comunas del norte y del sur.

Los “niveles de desigualdad” se manifiestan de esta forma: “Mientras en las del norte la tasa promedio es de 22,8 por ciento, la del sur fue superior en casi 10 puntos porcentuales porque llegó al 32,2 por ciento” en 2013, superando al 31,6 que se había registrado en 2008, y alcanzando incluso picos del 34 por ciento de trabajo no registrado en 2009 y de 33,3 en el año 2010.

En esa situación, se subrayó que “la comuna en la que la tasa de trabajo no registrado alcanzó el mayor crecimiento entre 2008 y 2013 fue, justamente, la 7, donde está el taller clandestino donde fallecieron los dos chicos”, el 27 de abril pasado. “En efecto, en ella aumentó 4,6 puntos porcentuales (de 28,7 por ciento en 2008 a 33,3 por ciento en 2013”.

En el informe sostiene que frente a esta situación, el Gobierno porteño “contrariamente a lo que debería, ha debilitado notablemente las funciones de inspección laboral” que “son aquellas que podrían haber detectado estas irregularidades (...) evitado la tragedia” del taller de la calle Páez.

De acuerdo con información difundida por el Ejecutivo porteño a través de la Dirección General de Protección del Trabajo “se observa que, mientras el trabajo no registrado en el conjunto de la ciudad de Buenos Aires se mantuvo prácticamente estable entre 2012 y 2013, las tareas de inspección laboral (...) en lugar de intensificarse, se atenuaron.

Un primer indicador es “la cantidad de actas labradas en inspecciones, que disminuyó marcadamente tanto en lo que respecta a normativa laboral y a trabajo a domicilio, como a trabajo infantil”. La reducción más pronunciada fue “justamente la relacionada a trabajo infantil, que cayó un 57”, pasando de 92 inspecciones en 2012 a 40 en 2913.

Por otra parte, se observó una caía entre las metas que se habían fijado y las inspecciones que finalmente se hicieron. En materia de normativa laboral, las metas previstas se cumplieron en un 98 por ciento en 2012 (12.312 realizadas sobre un total de 12.500 proyectadas), mientras que en 2013 sólo se llegó al 84 por ciento de las expectativas (fueron 10.622 sobre un total proyectado de 12600). Las caídas en 2013 fueron también evidentes en materia de trabajo a domicilio (se cumplió sólo el 68 por ciento, 5253 inspecciones sobre 7700 previstas) y en trabajo infantil (se llegó al 51 por ciento, con 557 inspecciones sobre un total de 1100 que se habían puesto como meta).

El informe concluye diciendo que “en definitiva, la muerte de los dos chicos en Flores pone al descubierto no sólo la existencia de una red de talleres clandestinos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y someten a sus trabajadores a condiciones rayanas a la esclavitud, sino también la absoluta inacción e incluso complicidad del Gobierno de la Ciudad, que durante estos años debilitó profundamente las funciones de inspección laboral” que son de su competencia.