Los pueblos indígenas de Formosa llevan casi tres meses de acampe en el centro porteño en reclamo de agua, salud, educación, cumplimiento de los derechos indígenas y territorio. Solicitaron audiencias ante los tres poderes del Estado, cortan la avenida 9 de Julio (por las tardes) y denuncian espionaje ilegal de la policía de Formosa. “Les han mentido a nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora a nosotros. Estamos cansados. Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclamó Aldo Coyipé, originario de la comunidad Namqom.

Qopiwini Lafwetes es la organización que reúne a 46 comunidades de los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé. Acampan desde el 14 de febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Héctor Rojas tiene 32 años, es wichí de Las Lomitas, centro de la provincia. “Tenemos muchos problemas de tierras, no respetan nuestros derechos, nos sacan lo poco que nos queda”, explica. Agustín Santillán es wichí de Ingeniero Juárez, extremo oeste de Formosa. El 24 de marzo fueron reprimidos cuando estaban al borde de la ruta 81, pedían atención de salud, agua, educación, luz eléctrica. Cien policías avanzaron sobre hombres, mujeres y niños. Tres heridos de bala. Santillán recibió tres disparos. “No queremos que nos manejen los punteros. Exigimos que dejen de alambrar nuestros territorios”, afirmó y pidió que los reciba la Presidenta.

El 10 de marzo marcharon por el centro de Buenos Aires. Solicitaron audiencias, y dejaron sus reclamos por escrito, ante la Corte Suprema de Justicia, a la que responsabilizaron por el incumplimiento de la legislación indígena. También llegaron hasta la puerta del Congreso Nacional y acusaron a los legisladores de ser indiferentes ante la muerte de niños indígenas por desnutrición y falta de adecuada atención médica. Y finalizaron en Plaza de Mayo, donde pidieron ser recibidos. “Nos sacan las tierras a los indígenas para dárselas a las multinacionales”, señaló Félix Díaz, autoridad qom de Potae Napocna Navogoh (La Primavera).

A principios de marzo se difundió en los medios de Formosa cientos de correos electrónicos de la policía que confirmaban el espionaje ilegal sobre partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Entre ellos, aparecen reportes policiales que dan cuenta del seguimiento a Félix Díaz, tanto en Formosa como en Buenos Aires. “Es una prueba más de que en Formosa siguen pasando cosas de la dictadura militar”, resumió Díaz.

Al cumplirse un mes de acampe y sin respuesta, comenzaron los cortes en la 9 de Julio. Dos o tres veces por semana, desde la tarde y hasta la noche. “A nadie le gusta cortar. Lo hacen porque no les queda otra opción. Hay incumplimiento de derechos básicos en sus comunidades y hay violación de derechos humanos”, afirmó Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presente en los cortes junto a otras dos madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen.

Un grupo de legisladores nacionales de Unidad Popular, Libres del Sur, Frente Progresista (CC-Ari), Proyecto Sur, Frente de Izquierda, GEN, Frente Cívico, Frente de Izquierda, Frente Amplio Progresista (FAP) y el Partido Socialista recibieron a los indígenas y solicitaron por escrito a Cristina Kirchner y al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que reciban a los pueblos originarios de Formosa.