Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Sal Llargués, tienen un largo y llamativo historial de beneficiar a través de sus fallos a varones condenados por abuso sexual infantil. Entre ellos, a un cura católico, en la década del ’90, cuyas víctimas, se estima, habrían sido decenas de niños y niñas. Esa resolución, que favoreció al sacerdote Héctor Ricardo Giménez, protegido por el Arzobispado de La Plata, fue firmada por Piombo. Entre las últimas sentencias que repiten ese patrón hay otra de Sal Llargués, del mes pasado, en la que revocó la condena a tres años de prisión a un hombre por el abuso sexual en perjuicio de su hija de tres años, a pesar de que el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores –que llevó adelante el juicio– había considerado contundentes las pruebas en su contra –entre ellas varios peritajes psicológicos y psiquiátricos–, incluido el testimonio de la pequeña, que declaró ante los jueces que su papá “le tocó la cola, la cola de adelante” y que la manoseaba “algunas veces cuando la bañaba”. Pero Sal Llargués abonó la hipótesis de que pudo tratarse de una falsa denuncia y que la niña pudo haber sido manipulada por la madre, en el marco de un conflicto de pareja, y así votó por la absolución ante el beneficio de la duda: ahora el padre, que tenía una restricción para acercarse a la nena dictada en 2009 por la jueza de Paz de Villa Gesell, Graciela Dora Jofré Gesell, puede reclamar en los tribunales volver a verla.

“La absolución es escandalosa. Las pruebas que tuvo en cuenta el TOC de Dolores fueron múltiples. El abuso sexual infantil de la niña se encuentra probado con un diagnóstico de psicóloga a Julieta Imbrogno, altamente reconocida en la temática, pero además fue realizada otra por el Cuerpo Pericial Dolores, órgano gubernamental y oficial, que llega a la misma conclusión y agrega que resulta imposible que se encuentre inducida por su progenitora. Si en este caso no hay condena, probablemente ningún abuso sexual infantil sea condenado”, dijo a Página/12 la abogada en el fuero civil de la mamá de la niña, Gabriela Covelli. La sentencia condenó a GAA –se ponen las iniciales para preservar la identidad de la pequeña, que lleva el apellido del padre– por el delito de “abuso sexual agravado por el vínculo con la víctima” por hechos ocurridos entre fines de 2008 y febrero de 2009. Fue dictada el 27 de octubre por el TOC Nº 1 de Dolores. Pero su defensa apeló y llegó a Casación. Intervino la Sala 1, la misma que favoreció al dirigente del club de Loma Hermosa, Mario Tolosa, condenado por el abuso sexual de un niño de 6 años. En este caso, el voto de la sentencia que absuelve al padre de la niña, por el beneficio de la duda, es del camarista Daniel Carral, al que adhirió Sal Llargués. La fiscal ante Casación, Daniel Bersi, consideró que había que rechazar el recurso. Pero los jueces relativizaron el testimonio de la niña, durante el juicio oral, con el argumento de que tendría que haber declarado en Cámara Gesell. Y pusieron en duda la veracidad de sus dichos, al afirmar que podría haber sido manipulada por su madre, en el marco de un divorcio conflictivo, esgrimiendo así, aunque sin nombrarlo, el falso Síndrome de Alienación Parental, conocido como SAP. El abogado de la madre de la niña, Federico Luis Fourquet, presentará un recurso de apelación ante la Suprema Corte bonaerense.

En diálogo con Página/12, una víctima del cura Giménez, Julieta Añazco, recordó que fue una resolución con la firma de Piombo la que benefició a ese sacerdote en la década del ’90, cuando enfrentaba una causa por abuso sexual infantil de cinco niños. En ese entonces era párroco en la localidad bonaerense de Magdalena. En marzo de 1996, una mujer denunció al sacerdote en la comisaría. Lo acusó de tocarle los genitales a su hijo y de tratar de besarlo en la boca. A esa denuncia se sumaron las de los padres de otros cuatro chicos. Por disposición del juez Emir Caputo Tártara, el cura fue preventivamente detenido. Pero en enero de 1997, por insistencia de sus defensores y con la garantía –bajo caución juratoria– del Arzobispado platense, en manos entonces de monseñor Carlos Galán, Giménez obtuvo la libertad. Asumió el compromiso de no obstruir la investigación ni fugarse. El caso llegó a la Cámara de Apelaciones y los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo le concedieron la excarcelación.

Por las denuncias en Magdalena, el sacerdote fue condenado en una causa por abuso deshonesto agravado. Pero, finalmente en 2001, después de marchas y contramarchas, el sacerdote obtuvo la absolución por estos hechos. Este expediente forma parte de la investigación que el año pasado se abrió en la Justicia platense por la denuncia que presentó Añazco contra Giménez. La mujer, de 42 años, lo acusó por los abusos que recordó haber sufrido por parte del cura entre los 8 y los 10 años, en 1980, 1981 y 1982.