En Villa Urquiza, una empresa procedió a comenzar la demolición de un edificio con nueve familias, y todos sus habitantes dentro. Los primeros golpes de las máquinas dieron contra las paredes de planta baja, donde había funcionado un centro de jubilados ya desocupado. Los vecinos denunciaron que no sólo el derribo no fue informado sino que, además, los obreros que llevaban adelante el procedimiento eran custodiados por efectivos de la Policía Metropolitana. “Nos asustamos cuando escuchamos los ruidos de las máquinas. No entendíamos nada hasta que nos dimos cuenta de que nos estaban tirando abajo las paredes de la planta baja”, contó a la prensa Mercedes Medina, una de las mujeres afectadas. Ante la sorpresa, los vecinos del edificio intentaron repeler al ataque de las topadoras tirando baldazos de agua a los operarios involucrados.

El intento de demolición ocurrió en Holmberg 2858, entre Le Breton y Nahuel Huapi. “Obreros de una empresa se presentaron con la policía y empezaron a demoler las paredes de la planta baja del edificio”, contó Medina, quien detalló que, entre el primero y el segundo piso, se distribuyen nueve familias. Por las tareas, “adentro temblaba todo y se rompieron los vidrios”; desde las ventanas, algunos de los habitantes del edificio asediado por sorpresa arrojaron baldazos de agua como respuesta a los obreros; desde edificios aledaños cayeron otros baldazos, en señal de solidaridad. “Lo hicimos para frenar la obra”, explicó Marcelina Frutos, que vive en un edificio de la mano de enfrente.

El inmueble de Holmberg 2858 es una de las propiedades del gobierno porteño afectadas por las obras del proyecto Barrio Parque, previsto sobre Donado y Holmberg, por el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. El emprendimiento, señalan informes del gobierno porteño, “recupera y revitaliza el espacio de la traza de la ex autopista (AU3), revirtiendo una situación que afecta a 600 familias”. De acuerdo con la administración local, el proyecto completo propende al “desarrollo social, cultural y económico de una zona de la Ciudad relegada por mucho tiempo”.

De acuerdo con los vecinos, el edificio está ocupado por nueve familias. Algunos de los habitantes ya fueron reubicados, también como parte del plan del gobierno porteño para modernizar y rediseñar el tejido urbano de la zona. “Creemos que nos quieren sacar de encima. Desde que el centro de jubilados (que ocupaba el local de la planta baja) se fue, el espacio comenzó a ser merodeado por barras de All Boys y gente que vendía droga. Después vino Desarrollo Urbano a decirnos que no quieren que intrusen el edificio. Con esa excusa vinieron hoy a demolernos, con nosotros adentro”, dijo Medina.

“Les vinieron a tirar las paredes de la planta baja sin aviso previo”, aseguró el abogado de las familias, Carlos Gustavo López. “Se puso en riesgo la estructura de un edificio, que es antiguo, donde hay gente viviendo”, agregó. Por su parte, Fernando, uno de los militantes del centro de jubilados ya cerrado, contó que desalojaron esa planta baja “cuando nos llegó la carta del gobierno porteño, sin saber que con la gente adentro iban a empezar a derribar las paredes”.