”Es un comentario muy fuerte que Piombo ya habría presentado la renuncia ante la Corte y que Sal Llargués estaría por el mismo camino.” El dato lo precisó ayer durante la mañana el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, en una entrevista radial. La versión oficial provocó una rápida secuencia de versiones que abrieron todo tipo de suposiciones y comentarios. Pero horas después, el propio Horacio Piombo desmintió la versión. No lo hizo en forma tajante. “No presenté mi renuncia, fui al edificio de Tribunales a hacer un trámite, Veré cuando sea el momento preciso. Pero hoy no”, sostuvo el camarista. Por otro lado, la Universidad de Buenos Aires inició ayer el proceso de juicio académico al colega de sala de Piombo, Benjamín Sal Llargués, también docente de la Facultad de Derecho UBA.

“Es un comentario muy fuerte que Piombo ya habría presentado la renuncia ante la Corte y que Sal Llargués estaría por el mismo camino”, dijo Casal en declaraciones formuladas a Radio Continental. El magistrado y su colega en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Benjamín Sal Llargués, beneficiaron a Mario Tolosa, vicepresidente del Club Florida, al argumentar que la pena recibida por el abusador de un niño de seis años debía ser reducida al anular el término de “ultrajante” como agravante. Los jueces consideraron que todo abuso es ultrajante, por lo que no se puede diferenciar uno de otro. El juez de primera instancia había sostenido que la condición de ultrajante se debía al impacto de haber sido abusado por alguien del mismo sexo. Y los camaristas rechazaron esa distinción por discriminatoria. Pero en su fundamentación sostuvieron que la víctima del abuso tenía “una orientación sexual homosexual” para justificar la quita del agravante.

Después de que Casal saliera públicamente a informar que Piombo había presentado la renuncia ante la Suprema Corte, este mismo desmintió al ministro. “No presenté mi renuncia, fui al edificio de Tribunales a hacer un trámite”, dijo el magistrado.

Una fuente del Consejo de la Magistratura explicó que, de tomar la decisión de apartarse del cargo, el juez Piombo debe presentar la renuncia ante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la que debe enviarla al Poder Ejecutivo para que el gobernador Daniel Scioli la acepte mediante un decreto “para que pueda acogerse a los beneficios jubilatorios”.

En ese caso, una vez que se acepte la renuncia de Piombo, quedaría una vacancia en el cargo, por lo que se abriría un concurso que debería pasar por el Consejo de la Magistratura, mientras que interinamente lo subrogaría otro juez de otra sala.

Si la renuncia de Piombo como juez fuera aceptada por el Poder Ejecutivo, no podría ser sometido a un jury de enjuiciamiento para su eventual destitución porque no tendría sentido al no retener el cargo. El artículo 59 bis de la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados establece que la potestad de enjuiciamiento del jurado se extingue por la desvinculación del juez o funcionario acusado.

El juez explicó: “En cualquier momento puedo renunciar, pero hoy (por ayer) no lo hice; fui con una valija para hacer un trámite de IOMA e interpretaron que llevaba una dimisión”, y añadió que “uno tiene que analizar lo que va a hacer. En tres días analicé la renuncia a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, así que veré cuando sea el momento preciso. Pero hoy no”, concluyó.

Casal sostuvo que “desde el primer día” reprocharon este fallo “porque atacaba derechos fundamentales del menor”, y recordó que “esto es cerrar una etapa, los bonaerenses merecen otros jueces”. Sostuvo que “la ciudadanía se hartó de fallos aberrantes, esto generó un repudio en todo el país y en el exterior también”, y agregó que “estas cosas no pueden volver a suceder”.

En tanto, Sal Llargués, que fue apartado como miembro académico del Consejo de la Magistratura, donde se desempeñaba desde hacía años elaborando y corrigiendo exámenes de los aspirantes, también deberá enfrentar un proceso de juicio académico iniciado ayer por la UBA. Sal Llargués es docente de la Facultad de Derecho y junto con Piombo fueron retirados de las cátedras que dictaban en las universidades de Mar del Plata y Bahía Blanca.

La UBA aclaró que “es sensible” a la aparición de “casos sospechados de vulnerar los derechos esenciales del individuo”, pero que no emitirá opinión oficial del hecho “hasta finalizar el proceso de enjuiciamiento para garantizar el derecho constitucional de defensa y para evitar posibles prejuzgamientos”

De esta forma, la UBA busca “evitar que se vea afectada la labor de los diferentes órganos de dirección y gobierno de la universidad, tales como el Consejo Superior, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y el Tribunal Académico, que tendrán a su cargo el proceso del juicio”, indicó en un comunicado.

Según el artículo 64 del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires , los profesores “pueden ser sometidos a juicio académico”, para lo cual “se requiere acusación fundada de profesores, graduados o alumnos, en conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Superior de la Universidad”.

El mismo artículo indica como causales de un juicio académico la participación de un docente en actos que afecten a la dignidad y a la ética universitarias y haber sido pasible de sanciones por parte de la Justicia ordinaria que afecten a su buen nombre y honor.

El estatuto de la UBA establece que si el juicio le es desfavorable, el nombramiento del profesor “caducará inmediatamente”.

En el único comunicado oficial para defenderse de las acusaciones tras conocerse su fallo a favor de atenuar la pena del abusador, Sal Llargués destacó que “quienes me conocen saben que no merezco los graves calificativos que me han asignado, más allá de la interpretación o valoración que puedan hacer de un fallo en particular”.