Otro médico forense de la Bonaerense fue imputado por “falso testimonio” tras certificar que Carlos Alberto Castello se había suicidado en octubre de 2008, en Lobos, cuando en realidad se trató de un homicidio. El ecologista de 62 años presentaba lesiones vitales y el arma con la que lo mataron era de un calibre mayor a la encontrada junto a su cuerpo. Ya son tres los policías forenses acusados en esta causa por cometer delitos de “encubrimiento, falsos testimonios y ocultamiento de pruebas” con la intención de desviar la investigación judicial en relación con otros uniformados del destacamento de Lobos.

El subcomisario Pablo Micheli, integrante de la Policía Científica de La Plata, fue acusado por el fiscal de Instrucción 1, Ernesto Ichazo, de “falso testimonio agravado por su condición de funcionario público”, al legitimar en la morgue judicial que Castello se suicidó, afirmando que “su cuerpo no presentaba signos de violencia”. Otros dos médicos forenses de la Bonaerense, ya indagados por el fiscal, son los subcomisarios Karina Sabules y Jorge Alvarez Ceballos, acusados de “falso testimonio” y “encubrimiento agravado”, respectivamente. Sabules –integrante de la Policía Científica de Cañuelas– figura como imputada porque en la causa, inicialmente, declaró como testigo que ella estuvo en el lugar del hallazgo del cadáver, aunque en la indagatoria afirmó que nunca fue a la casa de la laguna. Asimismo, para el fiscal, “Ceballos falseó y desnaturalizó la verdad de los hechos, indujo a errores a los directores de la investigación, favoreció el ocultamiento del homicidio y protegió a los verdaderos autores del asesinato”.

Los peritajes realizados por personal de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional determinaron que en el cuerpo de la víctima había “datos claros de violencia, como golpes que fueron producidos en vida en el rostro y otras partes del cuerpo, además signos de asfixia mecánica por efecto de la acción compatibles con el submarino seco”.

Castello fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el 20 de octubre de 2008 dentro de su casa, ubicada a 100 metros del destacamento policial Laguna de Lobos. Durante más de cuatro años, la causa estuvo caratulada como “suicidio”, hasta que la Justicia determinó que el ecologista fue secuestrado, golpeado y asesinado. Además, los peritos establecieron que el lugar donde se halló el cadáver no era el mismo en el que lo mataron, y creen que la escena fue montada por los homicidas.

Al momento del crimen, la víctima estaba enfrentada con autoridades del Club de Pesca local y de la municipalidad por una denuncia que formuló por la usurpación de una calle que permitía el libre acceso a la ribera de la laguna, y encabezó movilizaciones de vecinos que se oponían a la medida.