El papa Francisco ordenó la creación de un tribunal para juzgar por negligencia a los obispos que no den el seguimiento adecuado a las denuncias de abusos sexuales contra menores y que estará a cargo de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, según informó el vocero del Vaticano, Federico Lombardi.

“El delito de ‘abuso de poder episcopal’ ha sido revisado porque ya existía en el derecho canónico, pero ahora se establecen los mecanismos para encarar esos casos”, agregó Lombardi. Se trata de una reforma importante para mostrar el compromiso de Francisco en la lucha contra la pedofilia de eclesiásticos.

Francisco creó el año pasado una comisión, formada por 17 personas de distintas nacionalidades y varios laicos, entre ellos representantes de las víctimas, para luchar contra el encubrimiento de abusos, una práctica corriente hasta hace pocos años dentro de la Iglesia Católica.

La comisión de expertos, presidida por el cardenal estadounidense Sean O’Malley, elaboró la propuesta, la cual fue aprobada por el Papa. Francisco autorizó también fondos para poner en marcha el tribunal. Destinará “los recursos adecuados para lograr sus fines” para crear una “nueva sección judicial” que bajo la órbita de la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe juzgará con rango de delito canónico a los obispos por “abuso de oficio episcopal”, cuando la negligencia esté conectada al abuso de menores de edad y de adultos vulnerables, informó el Vaticano.

La decisión del Papa, a instancias de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, le da poder a la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe para juzgar obispos “con respecto a los delitos de abuso de la oficina cuando está conectado al abuso de menores de edad”, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Cardenales y de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores.

La nueva decisión del Santo Padre quedó formalizada al finalizar la X reunión del Consejo de los cardenales que ayudan al Papa en la reforma de la Curia romana, el llamado “C9”, que decidieron que “la competencia para recibir y examinar las denuncias de abuso de oficio episcopal pertenezca a las Congregaciones para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos o para las Iglesias Orientales, y que todas las denuncias deberán ser presentadas a la Congregación apropiada”.

Además, el grupo de asesores papales coincidió en “que el Santo Padre dé un mandato a la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos en relación con los delitos de abuso de oficio” y avalaron “que el Santo Padre autorice la institución de una nueva sección judicial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el nombramiento de personal estable que preste servicio en el nuevo Tribunal Apostólico”.

César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), dijo que “el único lugar que tiene el abuso de menores es la denuncia, la justicia y la reparación. Esperamos que esta nueva sección judicial del Vaticano ponga justicia en todos los casos denunciados de abuso sexual y que también cambie la política de ocultamiento de los obispos frente a las denuncias”.

Cigliutti recordó que según el informe de las Naciones Unidas presentado en mayo de 2014, en los últimos diez años se investigaron 3420 casos de abusos, de los cuales fueron destituidos 884, “o sea menos del 26 por ciento”.

Como antecedentes, en julio de 2013, por primera vez en la historia, el Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, pidió al Vaticano “información detallada sobre todos los casos de abusos sexuales de menores cometidos por miembros del clero, hermanos y monjas o que hayan sido presentados ante la Santa Sede”. El 11 de ese mes, Francisco informó que aumentarían las penas a quienes cometieran abusos. Dos meses después, el cura Julio César Grassi quedó detenido por orden de la justicia de Morón.

En febrero de 2014, el mismo vocero Federico Lombardi calificó como “anómalo” y de “ir más allá de sus competencias” al informe del Comité sobre los Derechos del Niño, luego de que el comité denunciara al Vaticano de no haber reconocido nunca la “amplitud de los crímenes” de abuso sexual contra niños y niñas por parte de sacerdotes.