La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la denominada “causa madre” en la que se encuentran imputadas seis personas por “contaminación dolosa con agroquímicos”, en el barrio Ituzaingó Anexo, del sudeste de la capital provincial. De acuerdo con el abogado querellante, Carlos Nayi, el tribunal resolvió “por unanimidad” rechazar los recursos de apelación presentados anteriormente por los defensores de los seis imputados en la causa.

De esta forma, la Cámara de Acusación mantuvo lo resuelto por el juez de Control, Carlos María Romero, por lo que el juicio tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen. Los involucrados en la causa están acusados de ser coautores de los presuntos delitos de “contaminación ambiental dolosa”, tipificado por el artículo 55 de la ley de Residuos Peligrosos 24051, por acontecimientos que se registraron entre los años 2003 y 2004.

Según indicó el fiscal que solicitó la elevación a juicio, Carlos Matheu, la importancia de la resolución de la Cámara es que considera que la “fumigación con agroquímicos en forma aérea o terrestre, violando las ordenanzas municipales y leyes provinciales, constituye un delito”.

Los imputados son el productor agropecuario Francisco Rafael Parra y el piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, quienes ya fueron condenados a tres años de prisión en suspenso el 21 de agosto de 2012 por la Cámara 1ª del Crimen, en una causa similar ligada a fumigaciones, en lo que constituyó el primer proceso que tuvo en cuenta un posible impacto del uso de plaguicidas sobre la salud humana.

También se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público el empleado y aviador Gustavo Alejandro Peralta Amaya, los hermanos empresarios Javier Eduardo y Fernando Ramón Amuchástegui, quienes –además– son directivos de Tecnocampo SA, y la ingeniera agrónoma de esa firma Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro.

Durante el proceso judicial, se deberá establecer si las enfermedades y muertes registradas entre los vecinos del barrio entre 2003 y 2004 fueron, efectivamente, causadas por la aplicación de agroquímicos a través de pulverizaciones de fumigadoras, algo que violaba las resoluciones en la materia.

En mayo del año pasado, el juez de Control Nº 8, Carlos Romero, había ratificado la elevación a juicio dispuesta por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III contra los acusados por fumigaciones concretadas en 2004 y en 2007. Para el juez, en ese momento estaba “debidamente probado que las pulverizaciones realizadas el 2 de marzo de 2004” cerca del Barrio Ituzaingó Anexo, y las del 21 de enero y el 19 de febrero de 2007 en el campo de soja y maíz explotado por Tecnocampo SA “efectivamente contaminaron la atmósfera”.

Según la resolución conocida hace poco más de un año, durante las fumigaciones se “liberaron distintas sustancias de agroquímicos, que produjeron deriva a los sectores poblados, con la consecuente alteración y/o contaminación del medio ambiente”. Esto, según el magistrado, puso “en peligro la salud de la población de los barrios aledaños a los campos pulverizados”. Además, el magistrado señaló en la resolución que por “su calidad de explotadores agropecuarios e ingenieros agrónomos”, los imputados “conocían la clase de toxicidad de los agroquímicos que aplicaban”.

A los imputados sólo les quedaba esta última posibilidad de recurrir la resolución ante la Cámara de Acusación de Córdoba y la petición fue rechazada.