El juez Rubén Quiñonez, presidente del Tribunal Oral Federal de Chaco que juzga el contrabando de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como Carbón Blanco, renunció sorpresivamente a su cargo en medio de una nueva jornada del juicio que se realiza en Resistencia. La decisión fue dada a conocer durante el cuarto intermedio y se desconocen las razones que llevaron al magistrado a tomar esta decisión. Tres días atrás, los fiscales del juicio habían sido amenazados.

Según informó el abogado Claudio Lifschitz, uno de los defensores del principal imputado, Carlos Salvatore, la dimisión fue comunicada por el magistrado a las partes fuera de la sala de audiencias, lo que calificó como “algo muy extraño, que da a pensar en presiones externas”.

La renuncia de Quiñonez se produjo a dos días de que se dieran a conocer las amenazas sufridas por los fiscales que intervienen en el juicio, Federico Carniel y Carlos Amad, y las que previamente había recibido la jueza chaqueña que instruyó la causa, Zunilda Niremperger.

Ayer a la mañana, la jornada comenzó con la declaración de testigos ante el tribunal presidido por Quiñonez e integrado por los vocales Eduardo Belforte, Ramón Luis González y el conjuez Aldo Alurralde. Después de un cuarto intermedio, apareció en el estrado Belforte como presidente, acompañado por González y Alurralde, mientras que Quiñonez no se hizo presente en la sala. Luego de ser consultado por los defensores sobre el cambio de presidente del tribunal, Belforte aseguró que se debió a “una decisión interna” y no dio más explicaciones al respecto.

“Hace treinta años que me dedico a la abogacía y nunca vi algo así”, afirmó Lifschitz, ex secretario del juez federal Juan José Galeano –entonces a cargo de la causa AMIA– que calificó la situación como “algo muy extraño, que da a pensar en presiones externas” o en “cuestiones políticas” que hayan llevado a esta decisión.

El abogado explicó que, ante esta situación, las partes solicitaron una reunión al término de la audiencia, en la que Quiñonez manifestó que desde mañana no concurriría más al juicio “por cuestiones de salud”. Debido a la presencia del cuarto juez, esto no provocará ningún inconveniente en la continuidad del debate, que seguirá durante la jornada de hoy y se espera que se informe oficialmente la renuncia de Quiñonez.

Lo que no podrá haber es otra suplencia desde ahora hasta que termine el juicio, de modo que si se produce algún problema con otro magistrado, el debate quedaría nulo. Más allá de si la dimisión es por problemas de salud o presiones, Lifschitz sostuvo que “entre los jueces había discusiones internas sobre el modo de llevar el debate”, las cuales quedaban en evidencia, por ejemplo, al momento de formular preguntas. Desde que comenzó el juicio, en varias ocasiones otros abogados comentaron que el juez González tomaba la palabra pasando por encima a Quiñonez o le daba órdenes directamente a la secretaria.

Durante la mañana de ayer prestó declaración Mario Figueroa, quien en 2011 y 2012 se desempeñó como jefe de la Aduana de la ciudad portuaria de Barranqueras, en Chaco, por donde pasó el cargamento de carbón en el que luego se halló cocaína. Figueroa admitió que cuando ese cargamento pasó por la Aduana “se realizó un control selectivo del cinco por ciento” del total. A diferencia de los aduaneros que declararon en las audiencias anteriores, el funcionario afirmó que las cargas de carbón vegetal no conllevaban controles exhaustivos dentro del denominado “canal rojo”.

Dijo que las operaciones eran controladas en un “canal naranja” y que requieren fiscalización documental. No obstante, señaló que de forma “aleatoria y discrecional” se realizaban controles de carga por medios no intrusivos, como una scan van (un scanner similar al que se utiliza en aeropuertos para los equipajes) y si tuviera disponibilidad, con perros entrenados.