El 3 de junio, decenas de miles de personas se concentraron en la plaza Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, escena replicada en las principales ciudades del interior del país, bajo la consigna Ni una Menos. Por primera vez en la historia de nuestro país –por lo masivo–, la consigna de la convocatoria fue la violencia de género y la sostenida cifra de femicidios producidos en Argentina. En la concentración, si bien pudo observarse una inusual presencia masculina, la inmensa mayoría de las manifestantes eran mujeres. Ello resulta obvio si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los femicidios son llevados a cabo por hombres y, a su vez, la inmensa mayoría de las agresiones de género son efectuadas por varones (88 por ciento, según la Base de Datos del Programa Las Víctimas contra las Violencias que dirige Eva Giberti). Allí se leyó un documento alusivo a la convocatoria. De los nueve puntos del petitorio que sintetiza el documento, cabe recordar –por razones de espacio–, dos. En el cuarto punto, se piden “Garantías para las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia”. En el siguiente, se exigen “Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia”.

Hace pocos días, en Manzanares, partido de Pilar, María Belén Morán, de 23 años, fue apuñalada y degollada hasta morir, por quien habría sido su pareja. Junto a su desangrado cuerpo, en medio del barro de la zanja, una pequeña cartera contenía un oficio judicial de fecha 22 de julio, dirigido al encargado de la Comisaría 1ª de Pilar. En ese documento, el Juzgado de Familia 1 de Pilar ordena notificar a la ex pareja de María Belén que se “decretó la prohibición de acercamiento” del ahora prófugo, respecto de la víctima y su familia. Se fijó, a ese efecto, “un perímetro de restricción para circular o permanecer dentro de un radio de 500 metros a la redonda”. Asimismo, se lo “intimó” al denunciado a “cesar y/o abstenerse de la realización de todo acto de intimidación y/o perturbación sea de carácter físico, psicológico o emocional respecto de la víctima, como así también de todo tipo de amenaza ya sea verbal, telefónica, vía mensaje de texto o cualquier otro modo de comunicación para con la misma”. El apercibimiento en caso de incumplir esas restricciones fue el de “dar intervención a la Justicia penal”.

Pasado el estupor y la indignación inevitables ante la lectura del oficio, se imponen algunas reflexiones. Teniendo en cuenta las características del fenómeno de violencia de género, que no puede desconocer ninguna jueza/juez del país, notificarle a un violento que no puede circular en un radio de 500 metros a la redonda de la víctima, ni debe intimidarla ni perturbarla física, psicológica o emocionalmente, o amenazarla por cualquier vía, es ofensivo. Ofende a la desgraciada joven, hoy en la morgue judicial, ofende a las miles de mujeres que el 3 de junio dijeron basta a la violencia de género, y ofende al resto de la sociedad que se pronuncia cada día por la defensa de los derechos humanos. Decirle a un violento que si no cumple con esas restricciones, es decir, si intimida, agrede o, como sucedió, degüella a la víctima, le dará intervención a la Justicia penal, ofende al Estado argentino. A ese Estado democrático que con consenso mayoritario legisló, y seguirá haciéndolo, en busca de una sociedad mejor, con defensa irrestricta de los derechos de todos y en especial de los grupos más vulnerables.

Hoy el padrón electoral tendrá una joven menos. La zanja de barro se llevó las ilusiones y esperanzas de María Belén, junto con ese tradicional, estereotipado, inútil y en alguna medida provocador oficio mediante el cual la Justicia, a la que creyó acceder María Belén, le decía a su asesino “que se porte bien”. Esa no es la Justicia que merecemos ni la que establece nuestra legislación. Es la Justicia que mata. La otra, la de la Constitución Nacional, la de las Convenciones de Derechos Humanos, es la Justicia de la vida, es la de juezas y jueces, fiscales y defensores sensibles al dolor, a la vulnerabilidad y al riesgo de aquellos miembros de la sociedad a la que deben servir. Hoy nuestro país tiene una ciudadana menos y eso es lamentablemente irreversible. Ojalá, cuando se investigue seriamente este femicidio, la Justicia tenga algunos funcionarios menos.

* Juez federal.