En el segundo día de alegatos del juicio oral por la tragedia de Once, la querella número tres –que representa, entre otras, a la familia del joven fallecido Lucas Menghini Rey, una de las víctimas del choque del tren ocurrido el 22 de febrero de 2012– acusó de los delitos de “estafa” y “descarrilamiento culposo” a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi –para quienes pidió 15 años de prisión–, y a los 27 restantes enjuiciados, otros ex funcionarios, miembros y empleados de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Para Sergio Cirigliano, el ex dueño de la concesionaria, reclamaron 18 años de cárcel.

El abogado de los familiares, Leonardo Menghini, tío de Lucas, y la abogada Leila Leiva alegaron ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) durante todo el día. Los letrados expresaron su desacuerdo con los alegatos de las primeras dos querellas.

Los imputados “se mostraron arrogantes, impunes, pretendiéndonos hacernos creer y sentir en lo que respecta a esta querella que no les importan las consecuencias de este juicio porque gozan de protección asegurada”, dijo en su alegato la abogada Leila Leiva.

Para la abogada, el tren Chapa 16 “estaba condenado a la inactividad, tenía problemas de freno que se agravaban en el calor de febrero, había habido advertencias por correo electrónico de Roque Cirigliano”, uno de los ahora juzgados. También aludió al maquinista Leonardo Andrada, quien entregó esa mañana la formación al motorman acusado por el siniestro, y antes de ser asesinado en un supuesto asalto declaró en la causa que el tren iba “sobrecargado” y había que “frenarlo antes”.

A su turno, Leonardo Menghini consideró en el alegato que todos los acusados “tuvieron por su acción o por omisión el dominio del hecho ocurrido”, en la estación terminal de la línea Sarmiento.

El abogado y familiar se emocionó cuando recordó que la mañana de la tragedia estuvo en el andén de la estación de Once. “Estuve ahí, los vi correr sin saber qué hacer, los vi chocarse buscando máquinas y nadie de TBA iba a decir con qué herramientas cortar para no lastimar a los que estaban apretados, a TBA nunca se le ocurrió que eso podía pasar y que cuando eso pasara tenía que estar listo para asistir a policías y bomberos”, afirmó el tío de Lucas.

“Acá no sólo chocó un tren, acá murieron 51 personas, se trata del desprecio por la vida y el destino de 51 personas. Es la historia que los funcionarios descubrieron ese día y en tres meses hicieron lo que no hicieron en ocho años”, opinó.

Menghini sostuvo que “los funcionarios eran funcionales a la actividad económica de TBA” porque había, agregó, “falta de control por parte de los funcionarios que debían controlar”.

Para Menghini, los funcionarios y empresarios de Cometrans (empresa encargada de los controles) y TBA son responsables de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y consideró que ese delito “se perpetró en el tiempo durante la gestión de los cuatro funcionarios que están acá sentados”.

Por eso, la querella pidió las penas para Jaime, Schiavi y Sergio Cirigliano. También solicitó penas de entre 10 y 16 años de cárcel para los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero, y para 22 ex directivos de TBA, así como la absolución del maquinista Marcos Antonio Córdoba. Además, pidió que se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su presunta “participación criminal” en el hecho.

La acusación de la tercera querella fue muy diferente de la que realizaron las querellas uno (el abogado Gregorio Dalbón, que fue expulsado del juicio) y dos (de Javier Moral), que no acusaron a Jaime, Schiavi, ni a los empresarios Cirigliano y empleados de la ex concesionaria TBA pero sí responsabilizaron al maquinista Marcos Córdoba.