Los vecinos se enteraron por televisión. La mayor empresa de agronegocios, Monsanto, anunció la instalación de una megaplanta de semillas en Malvinas Argentinas, localidad cercana a la capital de Córdoba. Comenzó un proceso inédito para el lugar: asambleas, movilizaciones, pedidos de explicaciones, represiones. Tres universidades se expresaron en contra de la instalación, el Poder Judicial frenó la obra y la Secretaría de Ambiente rechazó el informe de impacto ambiental de la empresa. Pero la firma insiste. Los vecinos, conformados en asamblea, rechazan a Monsanto y, en septiembre de 2013, bloquearon la entrada al predio. A dos años de ese hecho, hoy habrá celebración en la plaza principal de la localidad. Una consecuencia directa: Syngenta, otra corporación del agro, canceló su prometida fábrica en la provincia.

A catorce kilómetros de la capital de Córdoba, Malvinas Argentinas es una localidad rodeada de cultivos transgénicos y fumigaciones. El 15 de junio de 2012, la Presidenta y Monsanto anunciaron una “inversión millonaria” para instalar su mayor planta de maíz transgénico. Un predio de 30 hectáreas, y 240 enormes silos.

Estudiantes, docentes, amas de casa, comerciantes y trabajadores municipales comenzaron a preguntarse quién era Monsanto y qué implicaba su fábrica. El intendente, Daniel Arzani (UCR), minimizó las inquietudes. El boca en boca funcionó y comenzaron a reunirse. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.

Reclamaron información, pero no tuvieron respuesta. Monsanto, municipio y provincia afirmaban que todo estaba en orden. La respuesta no conformó a los vecinos. Comenzaron a recibir apoyos y acompañamiento de asambleas socioambientales de Córdoba (con experiencia en la lucha contra la megaminería), Madres del Barrio Ituzaingó, organizaciones sociales y partidos de izquierda. Comenzaron las movilizaciones y reclamos. Dos puntos principales: acceder al estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decida.

Tres universidades nacional (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de Monsanto. Denunciaron el permiso de la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y que tampoco se cumplió con las audiencias públicas. Las tres universidades nacionales explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).

El 19 de septiembre de 2013 se organizó el festival “Primavera sin Monsanto”. Fue también el momento elegido para bloquear por tiempo indeterminado el portón de ingreso al predio. Monsanto envió cartas documento a Sofía Gatica (de Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la Asamblea. Los acusó de “lesionar la seguridad pública”, de “usurpación” y amenazó con una denuncia penal.

Sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.

Lucas Vaca, de la Asamblea, hace un balance positivo de los dos años de bloqueo, aunque reconoció que fueron (y son) “años duros”. Explicó que no estaban acostumbrados a marchas, denuncias y represiones, pero advirtió que seguirán adelante y no permitirán la instalación de Monsanto. “No queremos criminalización, ni represiones, ni muertos, pero estaremos hasta el final, defendiendo el lugar donde vivimos”, afirmó.

El 8 enero de 2014, la Sala II de la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada en un amparo de la Asamblea. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas emitidas por la Municipalidad y la Provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían las toneladas de desechos ni el gran consumo de agua.

El último mes, Monsanto dejó trascender que presentará un nuevo estudio de impacto ambiental. Cambió su cúpula gerencial en Argentina y planea construir su planta en 2016.

La discusión sobre Monsanto potenció denuncias sobre el uso masivo de agroquímicos, desmontes, sequías y especulación inmobiliaria. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.

Sofía Gatica denunció que “el Gobierno negoció la salud del pueblo y avala un nuevo estudio de impacto ambiental”, pero avisó que no permitirán la llegada de Monsanto: “El pueblo ya dijo que no. Luchamos por la salud y la vida de la población”.

La multinacional Syngenta reconoció a inicios de septiembre que canceló su proyectada planta de semillas transgénicas en Villa María (Córdoba) “para evitar un nuevo foco de conflicto”. Lo vinculó directamente a lo sucedido en Malvinas Argentinas. Para las asambleas socioambientales fue celebrado como un triunfo de la lucha.

Hoy habrá festival, música y celebración en la Plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Hace dos años que bloquean la entrada de Monsanto, hace tres que se organizan para que no se instalen y, aunque no está dicha la última palabra, la pequeña localidad cordobesa frenó a la mayor corporación del agro mundial.