Fue el primer juicio penal a un productor agropecuario y a un aerofumigador. Sucedió en 2012, en Córdoba, y fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional). “Teníamos razón. Las fumigaciones son delito y tienen condena”, evaluaron la organización Paren de Fumigar y el denunciante, Medardo Avila Vázquez. Los acusados apelaron y, el jueves pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, confirmó la sentencia a Francisco Parra y Edgardo Pancello.

La resolución de la Sala Penal del TSJ fue por unanimidad. El máximo tribunal afirmó que el uso de plaguicidas constituye “un riesgo no permitido” cuando se utiliza cerca de las poblaciones y precisó que “implica introducir en el medio ambiente algo que no debe ser”.