Insólitamente esta semana, en el Chaco, sendas decisiones de dos jueces de Castelli, el llamado “Portal del Impenetrable”, favorecieron el incumplimiento de la Ley 26.996. Lo que de hecho refuerza, una vez más, las trabas y chicanas que impiden que el Estado nacional se haga cargo y custodie el Parque Nacional El Impenetrable-La Fidelidad.

Una jueza subrogante derivó el expediente principal a la asesoría de menores para que emita opinión, lo cual no es otra cosa que un modo de dilatar y ganar tiempo. Y el juez que ha venido llevando la causa a un ritmo exasperantemente cansino, ahora pasó el amparo ambiental que había presentado la Provincia del Chaco a la misma asesoría de menores. Coincidencia llamativa, por lo menos.

Encima esto se produce a la salida del gobernador Capitanich, que fue, guste o no, el principal promotor y sostén de la idea de crear el PNEI, para lo que propuso y logró las leyes que debía sancionar la Legislatura chaqueña, luego operó con los legisladores nacionales para lograr que el Congreso sancionara por ley la creación del Parque, e incluso realizó las gestiones tendientes a que el Ministerio de Turismo de la Nación y la Administración de Parques Nacionales (APN) se movieran para ocupar el territorio. Por eso justo ahora, a la terminación de su mandato, indignan estas esperpénticas nuevas “decisiones” judiciales dilatorias.

Por supuesto que no se puede acusar a nadie de corrupción, desde ya, pero no se puede no apuntar que en esa misma ciudad de menos de 40 mil habitantes viven los abogados que hoy son (al menos se comportan como tales) los propietarios de hecho de ese inmenso y fabuloso territorio cuya riqueza ambiental es única en el mundo. Dicen defender los intereses de dos menores, pero mientras tanto explotan las riquezas de fauna y flora, y hasta organizan cacerías harto denunciadas periodísticamente. Y para completar el cuadro, la mismísima APN mantiene un silencio absoluto sobre este tema.

Pero la emergencia ambiental es grave en todo el país, no sólo en el Chaco. La asamblea de guardaparques del hermoso PN Calilegua, en Jujuy, denunció la semana pasada la maniobra urdida entre la APN y el gobierno de Jujuy para desafectar un área de enorme valor de conservación del PN Calilegua a fin de garantizar la continuidad de la ilegal extracción petrolera en el Yacimiento Caimancito, sin ningún tipo de control ni restricción.

No es nuevo el asunto, pues desde hace años se viene denunciando la continuidad y expansión de un yacimiento petrolero dentro de un Parque Nacional, en violación de la Ley 22.351 de Parques Nacionales, cuyas autoridades asombrosamente no sólo no cumplen la ley sino que aprueban la explotación hidrocarburífera en Calilegua.

De hecho los guardaparques, y también organizaciones combativas como Greenpeace, denuncian que las autoridades de la APN “proponen entregar el manejo del área de explotación hidrocarburífera a la provincia de Jujuy, hasta que finalice el contrato con la empresa china JHP, en el año 2037. Esto quiere decir que le cederá el control del territorio al gobierno provincial y las utilidades económicas derivadas de la explotación de los recursos naturales dentro de un Parque Nacional, a una empresa privada, que luego del saqueo devolverá al Estado nacional un área empobrecida, degradada y aún más contaminada.”

Y por si fuera poco, otra organización ambientalista (la Fundación Ambiente y Recursos Naturales-FARN), más Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) criticaron la resolución del juez civil y penal sanjuanino Pablo Oritja, quien esta semana y después del letal derrame de millones de litros de cianuro de la mina Barrick Gold, no tardó ni siete días en levantar la medida cautelar que impedía a esa empresa minera operar con cianuro.

“Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el gobierno de San Juan ocultó”, recalcó con severidad Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace, quien denunció además que “se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias”. Y el abogado Enrique Viale de la Aadeaa declaró que “en San Juan todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que fueron un millón los litros de cianuro derramados sobre la cuenca del Río Jáchal, el Juez tome la decisión de levantar la medida cautelar desconociendo los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral del Derecho Ambiental”. Y concluyó: “La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que ‘ya está’, ‘no pasó nada’, cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina”.

Es patético, y es el núcleo de intención de este artículo, el impresionante silencio de casi todos los candidatos presidenciales, a excepción de la Sra. Stolbizer. Obvio que no sorprende en el caso del Sr. Macri, cuya conciencia ecológica se parece a la del zorro. Ni en el Sr. Massa, sobrado de denuncias ecológicas en el municipio de Tigre. Ni en el Sr. Del Caño, seguramente ocupado en asuntos de mayor sonoridad. Y súmese todavía el macizo silencio del radicalismo y el socialismo residuales. Pero el silencio de Daniel Scioli y toda su comitiva, justo en San Juan esta semana y al lado del gobernador Sr. Gioja, es por lo menos un disparate político que, para gran parte de la ciudadanía que posiblemente lo va a votar, resulta intolerable.

La Argentina no tiene horizonte sano en materia ambiental. Está visto que a las clases dirigentes la ecología les importa un pito. Por eso, aunque ahora saliesen a manifestar presuntas “preocupaciones”, este articulista no les cree una palabra. Que la república ocupe de una vez el PN El Impenetrable, que se salve el PN Calilegua, que se detenga la bestialidad minera, y entonces serán creíbles.