El trabajito encomendado a un preso para asesinar al camarista de San Isidro Fernando Maroto y al director de Investigaciones de Asuntos Penitenciarios bonaerense, Juan Manuel Casolati, tuvo derivaciones: el jefe del penal de Magdalena, Rubén Puente, señalado por el preso como quien le encomendó el trabajito, fue pasado a retiro junto con otros 17 jefes carcelarios del SPB. El ministro de Justicia provincial, Alfredo Meckievi, negó que se tratara de una purga. El jueves había relativizado la denuncia y considerado que Maroto era “proclive al escándalo”. Sumándose a las filas del ministro, el fiscal de Ejecución platense Marcelo Romero citó a Maroto para que “aporte bajo juramento de ley todo lo que sabe sobre corrupción en el Servicio Penitenciario”. Maroto respondió que “no me tiene que preguntar a mí. El recibió tres mil denuncias contra el Servicio Penitenciario y no resolvió ni una”.
El pase a retiro del prefecto Rubén Puente, jefe de la Unidad Penal 28 de Magdalena, tuvo lugar al día siguiente de que se desatara un nuevo escándalo sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo acompañaron otros 17 jefes de las 38 unidades bonaerenses, que se suman a 30 relevos de altas jerarquías durante el último fin de semana. Más preocupado por el hilado fino que por otra cosa, el ministro Meckievi salió inmediatamente a corregir las presunciones periodísticas y a apelar a la sombra de las casualidades: “No se trata de ninguna purga –aseguró–, ni tiene nada que ver con las denuncias del camarista. La resolución la firmé la semana pasada y son los movimientos habituales a esta altura del año”.
En el caso del trabajito, Meckievi había tomado un claro partido: sospechar de la denuncia y no del denunciado. Pero agregó un costado de polémica al caso después de enterarse de que Maroto había pedido su renuncia. “Maroto es proclive al escándalo –dijo el jueves, cuando estalló el caso–. Estas situaciones son una rápida oportunidad para correr rápido a la prensa.”
Meckievi es el mismo ministro que a principios de agosto pasado, y por mucho menos, batió el record de velocidad al denunciar ante los medios que se tramaba un secuestro contra él o su hijo de 15 años. Meckievi reveló que un arrepentido había pasado la información y aseguró a la prensa que “hay elementos que prueban que en principio pensaban dañarme a mí”. La única prueba aportada fue un mapa de Dolores sin detalles de ningún tipo. La denuncia tuvo lugar un mes antes de las elecciones a intendente de Dolores, donde Meckievi había ganado las internas del PJ. Y, curiosamente, los dos únicos detenidos fueron dos punteros de la línea interna opositora, que debieron ser liberados porque, hasta el momento, tener un mapa no es delito.
Ayer, el fiscal de Ejecución de La Plata, Marcelo Romero, se sumó al bando desestimador de denuncias de Meckievi. Romero declaró a los medios que había citado a Maroto “a prestar declaración testimonial a fin de que deponga todo lo que sea de su conocimiento respecto de estos presuntos actos de corrupción en el seno del SPB”. El término presunto habla de la posición tomada por el fiscal. También se mostró sorprendido porque “los internos eligen invariablemente los tribunales de San Isidro y no las sedes naturales de este departamento, La Plata, que son varias”. Resulta demasiado obvio el motivo por el que los internos de las cárceles de La Plata prefieren pedir protección en San Isidro y no en una Justicia que por desidia termina pareciendo antinatural.
La preocupación jurisdiccional de Romero no es nueva. Es el mismo fiscal que en noviembre de 2001 protagonizó una escandalosa intervención al oponerse a la universalidad del hábeas corpus y el pedido de amparo, que según la Constitución y el Código Procesal va más allá de cualquier jurisdicción. En esa ocasión, dos de los Doce Apóstoles, Marcelo Brandán Juárez y Víctor Esquivel Barrionuevo, junto a otros 14 presos, denunciaron a la defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez que en Melchor Romero eran torturados, golpeados con palos y que les hacían el submarino seco.
Gómez, que en repetidas ocasiones fue amenazada, presentó un hábeas corpus ante la Sala 3 de la Cámara de San Isidro, integrada por los jueces Raúl Borrino y Margarita Vásquez. Los médicos legistas comprobaron las torturas y los jueces ordenaron el traslado a la Unidad 9. Se desató un escándalo en el que también intervino el fiscal Romero, que pese a ser el fiscal natural a quien los presos debían haber presentado la denuncia recién se enteró de los palazos y las torturas cuando los camaristas dispusieron el traslado. Sobre el caso, la única investigación que inició Romero fue si San Isidro formaba parte de la jurisdicción platense, y puso el grito en el cielo. No por las torturas sino contra un hábeas corpus que le pasaba soberanamente por encima. La Suprema Corte zanjó en la cuestión: a contramano de la Constitución dijo que, desde ese momento, el hábeas corpus debe ser presentado ante los jueces naturales. En el caso de Brandán y Barrionuevo, el tribunal de Azul. De más está decir que a su regreso a Melchor Romero el recibimiento a palazos tuvo cierto dejo triunfalista.
Ayer, Maroto dijo a Página/12 que no iba a cejar en sus denuncias. Y aclaró: “No tengo ningún problema en declarar todo lo que yo sé sobre la corrupción en las cárceles bonaerenses. Ya he hecho muchas denuncias ante la Suprema Corte y ante el gobierno, pero Romero parece que no está enterado de nada. Ni siquiera de lo que pasa en su fiscalía. Tiene alrededor de tres mil denuncias por torturas y corrupción carcelaria. Que yo sepa no investigó ni una”.