Después de un período de bajo perfil antes de las elecciones presidenciales, la Corte Suprema volvió ayer a escena con un tema que formó parte del repertorio de campaña de la mayoría de los candidatos, con mayor énfasis de la oposición: el tribunal anunció que creará una comisión de “lucha contra el narcotráfico”. La integrarán –según anticipa una acordada– jueces federales y de superiores tribunales de todo el país. Por lo pronto, fueron convocados para manejar el timón el juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y el juez en lo Penal Económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova. Los supremos, en el texto que firmaron ayer, hacen un reclamo al poder político al decir que los jueces que investigan temas de drogas necesitan “la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencia del Poder Ejecutivo Nacional y provinciales en una actuación conjunta”.

Como para despegarse de los discursos de campaña, la Corte dice que desde 2009 advierte sobre la “necesidad de enfrentar el problema”, aunque no está claro por qué justo eligió para expedirse y anunciar la comisión el plenario de ayer. Uno de los tramos, de tono más alarmista, advierte que “está en juego la seguridad de la población” y que es “necesaria una política de Estado urgente y efectiva”.

La acordada lleva la firma del tribunal en su expresión más mínima: sólo suscriben Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, pero no firma Carlos Fayt. Dos de los jueces elegidos por el alto tribunal para ocuparse de este tema, Reynoso y Gutiérrez de la Cárcova, tienen buenos vínculos con la embajada de Estados Unidos. En el reciente coloquio empresario de IDEA, compartieron actividades con el embajador Noah Mamet. A de la Cárcova, por sus vínculos y viajes al país del norte, lo apodan “Disneyworld”. Reynoso, que es juez en una zona “caliente” de tráfico de droga, está denunciado por cohecho y por dar supuestos beneficios a quienes investiga por crimen organizado, tanto en la Justicia Penal como en el Consejo de la Magistratura.

“Uno de los problemas grandes que tenemos es la falta de coordinación dentro del propio Poder Judicial, estamos desarticulados”, dice Gutiérrez de la Cárcova, consultado por este diario. “Hace poco, por ejemplo, estábamos haciendo un juicio por lavado y contrabando de 120 kilos de cocaína y en otro tribunal juzgaban simultáneamente un homicidio y otros hechos vinculados con la misma banda, pero nos enteramos después. Otra cuestión es que los fiscales piden demasiados juicios abreviados por maniobras grandes con drogas, donde no corresponde. Deberíamos trabajar con la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad)”, señaló. La acordada de la Corte, por lo pronto, no prevé convocatoria al Ministerio Público Fiscal.

Los análisis y estudios estadísticos que lleva hechos hasta ahora la Procunar en rigor señalan que sólo el tres por ciento de las causas judiciales sobre drogas investiga el contrabando propiamente dicho. El sistema judicial, según señala este organismo, ocupa la mayor parte de su trabajo y recursos en infracciones de la ley de estupefacientes apuntando a los eslabones más débiles de la cadena, a quienes poseen pocas cantidades de droga y generalmente para consumo personal. Esto sería un problema de los lugares donde se ha aplicado la ley que desfederalizó los casos de menor cuantía, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Formosa. En territorio bonaerense llegaron a aumentar 200 por ciento las causas por tenencia para autoconsumo mientras bajan las que apuntan al crimen organizado. “El tema no pasa tanto por la coordinación sino porque los jueces tengan en cuenta cuáles son las normativas penales relacionados con el trámite y que den un trámite rápido a las causas. La desfederalización ha causado un gran aumento de la población carcelaria, pero sobre todo de, por ejemplo, mulitas, no de grandes traficantes”, alerta el juez Martín Vázquez Acuña, especialista en el tema. Vázquez Acuña muestra algunos números recientes (al 28 de agosto último) del Servicio Penitenciario Federal: 3140 detenidos por infracción a la ley de drogas, 2374 procesados (sin condena), y 766 condenados.

La Corte dice en su acordada que “la gravedad de la situación”, que no especifica en números ni hechos, y que se dispone a atender fue denunciada por jueces federales de todo el país a través de notas y reuniones. “El cumplimiento de este objetivo demanda la instrumentación de políticas de Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas”, dice el tribunal. En un punto de su acordada pide que “otros poderes del Estado” arbitren medidas para aplicar el fallo Arriola, que además de declarar la inconstitucionalidad del castigo a la tenencia para consumo personal, señaló que se deben tomar otras medidas contra el tráfico y en el campo de la salud. Los números del fuero Federal porteño revelan que las fuerzas de seguridad (y a veces ni los fiscales ni los jueces) aplican el fallo Arriola en forma automática: un relevamiento del fiscal Federico Delgado, dentro del turno que le tocó en un tramo de este año, por ejemplo, muestra que el 71 por ciento de todas las causas que se inician contra la ley 23.737 son por tenencia para consumo personal, lo que representa el 56 por ciento de todas las causas iniciadas en ese mismo turno (quince días). Son expedientes que van camino al archivo asegurado, pero en los que se invierte tiempo y dinero, además de que a veces implica detenciones injustificadas. A veces, detectó Delgado, se repiten incluso los testigos que aportan las fuerzas policiales. En el caso de las causas por comercialización (67 en un turno), un 25 por ciento fue archivada en forma automática.