La Justicia porteña hizo lugar a un amparo para que el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, en un plazo de cinco días, dé información sobre registro de denuncias por cobro de comisiones por encima del límite establecido por ley, los matriculados con sanciones disciplinarias firmes y si se adoptaron medidas contra la “publicidad engañosa” en relación al monto máximo de comisión. El juez Marcelo López Alfonsín, titular del Juzgado 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el legislador porteño Fernando Muñoz. El juez ordenó al Colegio que suministre “datos sobre medidas de control y difusión para el cumplimiento del monto máximo de comisión a cobrar a los inquilinos de viviendas, y sanciones dispuestas a corredores en infracción”. Según la Ley 2340, la comisión máxima permitida es el equivalente al 4,15 por ciento del valor total del contrato de locación, y no uno, dos o tres meses de alquiler.