Los hospitales porteños carecen de un protocolo para el caso de recibir un adolescente identificado como NN o una persona adulta con problemas de salud mental. En pocas palabras, no saben qué hacer y reaccionan de acuerdo al criterio del médico de turno. El dato surge de un informe realizado por la Asesoría Tutelar del Menor entre el 18 y el 22 de diciembre de 2014, tras la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN, luego de haber pasado por el hospital Santojanni en febrero de 2009 donde falleció. “Lo que encontramos es que no hay protocolo estandarizado, no hay una política pública desde el Ministerio de Salud porteño”, afirmó el titular de la Asesoría Tutelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, Gustavo Moreno.

El relevamiento, que se centró en los menores de edad y personas con padecimiento mental, tiene su origen en una causa, “Irregularidades en la identificación de personas ‘NN’ en hospitales públicos”, que lleva adelante el juez Andrés Gallardo vinculada a la gran cantidad de cadáveres que existen en las morgues de los hospitales porteños que no están identificados.

El caso que disparó la investigación, es decir, que la puso sobre el escenario público fue el de Luciano Arruga. “Cuando salió a la luz el caso de Luciano Arruga advertimos que el joven había ingresado vivo al hospital (Santojanni) y murió allí, entonces nos preguntamos, más allá de los cadáveres, ¿qué pasa cuando entra un menor de edad o una persona con padecimientos mentales?”, describió Moreno.

El asesor enfatizó en el caso paradigmático de Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009 cuando tenía 16 años, quien habría sido impactado por un auto cuando estaba cruzando de provincia hacia Capital a las 3.21 de la mañana, presuntamente escapando de la Bonaerense. Luciano fue trasladado por una ambulancia de SAME al Hospital Santojanni, donde murió a las 8 de la mañana del 1º de febrero. “La familia lo buscó durante seis años, hasta que se identificó su cuerpo en el cementerio de la Chacarita, que estaba enterrado como NN, a partir de un proceso de hábeas corpus. ¿Cuánto se habría evitado de haber un protocolo de actuación ante estos casos?”, sostuvo Moreno.

La Asesoría envió oficios a 26 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires entre el 18 y el 22 de diciembre de 2014, de los cuales sólo uno respondió tener un protocolo interno de actuación, el hospital Vélez Sarsfield, tres no respondieron el oficio y otros seis contestaron pero sin explicar qué hacían con los niños. Quince centros de salud respondieron que cuando ingresa un menor de edad dan intervención al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que ocho dan aviso a la Guardia Jurídica Permanente de ese organismo. También en relación con las niñas, niños y adolescentes, sólo dos hospitales informan al Registro de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires, al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas y al Registro Nacional de las Personas, y uno al Registro Civil Central y a la Asociación Civil Missing Children. En referencia a las personas con padecimiento mental, sólo 16 centros brindaron información, de los cuales el ciento por ciento solicita la colaboración de la policía, pero sólo el 25 por ciento (4 casos) da intervención al Registro de Búsqueda de Personas Adultas con Padecimientos Mentales y el 13 por ciento lo hace al Registro de Personas Desaparecidas de la Provincia.

El informe, titulado “Irregularidades en la identificación de personas NN en hospitales públicos”, señala que “tampoco surge con claridad cuáles son los profesionales, sectores o áreas del hospital responsables de llevar a cabo el procedimiento de identificación de las personas NN que ingresan”.

A partir de estas conclusiones, la Asesoría envió un oficio al Ministerio de Salud porteño informando la situación y exigiendo la elaboración de algún protocolo que garantice los derechos de identidad e identificación expresados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 24), de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 18) y de la Convención de los Derechos del Niños (artículos 7 y 8) entre otras normativas. Según los plazos procesales, la cartera sanitaria porteña debería estar respondiendo el oficio esta semana.