La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de un cuerpo de abogados que asista judicialmente y de forma gratuita a las víctimas de violencia de género. El proyecto fue iniciativa del senador Juan Manuel Abal Medina y contó con apoyo de referentes de distintos partidos. Con la nueva norma, “el Estado reconoce que la asistencia jurídica a las víctimas de violencia es su responsabilidad”, evaluó Abal Medina, quien señaló que el proyecto responde a la estadística según la cual “de cada 100 casos de denuncias, 50 quedan en el archivo por falta de asesoramiento”.

En diálogo con Página/12, el senador bonaerense explicó que “la ley se sancionó por unanimidad en Diputados como había sucedido en la Cámara de Senadores”. Abal Medina señaló que a partir de la reglamentación de la ley habrá “una herramienta para enfrentar un delito que no es uno más. Requiere una acción distinta y un compromiso especial por parte del Estado que debe tener un rol central”.

La ley crea un cuerpo de “abogadas y abogados para víctimas de violencia de género que sirva para garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de violencia de género –amplió Abal Medina–. Las víctimas llegan a través del 144 y a partir de allí el Estado deberá proporcionarles asistencia jurídica”, explicó. El cuerpo dependerá directamente del “Ministerio de Justicia aunque podrá vincularse con otros organismos”.

La normativa, que ahora debe ser reglamentada, establece que el cuerpo de abogados será un “organismo descentralizado” y funcionará en el ámbito de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado. El organismo quedará a cargo de “un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación”.

Según explicó el impulsor del proyecto a este diario, el grupo de profesionales deberá “brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal en todo el territorio nacional” a víctimas de violencia de género, coordinar tareas con organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de las distintas jurisdicciones para “brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”. Entre las potestades del cuerpo la ley contempla la de “promover la unificación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas”.

La norma establece que el cuerpo de profesionales se constituirá “como una carrera especial dentro de la administración pública y con su escalafón propio”. Al organismo sólo se podrá ingresar “mediante concurso público de oposición y antecedentes”. También habrá “una instancia obligatoria de formación especializada en la materia”. Por otra parte, “las abogadas y abogados del cuerpo no podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos de violencia de género”.

Además de brindar patrocinio, el grupo especializado deberá establecer convenios y coordinar acciones “con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil”, realizar capacitaciones y actualizaciones para “operadores del sistema de administración de justicia y otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género”.

El director ejecutivo del organismo –abogado graduado en una universidad nacional, con cinco años de matriculación y experiencia en el tema, designado “por el Poder Ejecutivo”– servirá de enlace entre el organismo y “organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras” y de “coordinación con otros organismos” del área.

En los fundamentos, el proyecto señala que “la problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno, sino que también está presente en la agenda mediática, e interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna Ni Una Menos son la expresión de un reclamo que llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los derechos consagrados”, afirma el texto, que también enfatiza la pluralidad de voces que sostuvo “la necesidad de concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos”, que se leyeron ese día. Hasta ahora, señaló el senador.