Desde Chapadmalal

Un grupo de más de 300 familiares de víctimas de violencia institucional llegaron a Chapadmalal a pedir ayuda para resolver una serie de crímenes de gatillo fácil que, en algunos casos, siguen siendo investigados con más pena que gloria y en otros, han finalizado en juicios orales donde los acusados fueron absueltos. La invitación formulada a los familiares por la Comisión Provincial por la Memoria tuvo por objetivo “debatir, reflexionar, y construir herramientas para la promoción y defensa de los derechos de las personas víctimas de violencia policial, carcelaria y judicial”. Página/12 entrevistó a varios familiares de las víctimas para lograr lo que es muy difícil para ellos: hacer conocer casos que han tenido muy poco difusión a pesar de la gravedad de las historias. Silvina Bárbara Arévalo vive en Jujuy, cerca del ingenio Ledesma y viajó para pedir justicia por el asesinato de su hijo, Pablo Gabriel Obiña, y de un amigo del chico, Gonzalo Federico Calderón. “Hay muchas pruebas en contra de cinco policías involucrados y contra el autor material de los hechos, el suboficial Pablo Eduardo Arrascaeta, quien el 31 de agosto de este año fue absuelto por el Tribunal Oral 3 de Jujuy”. La fiscal del juicio, Delia Ortiz, lo había acusado por el delito de “homicidio doblemente calificado por ser miembro de la fuerza de seguridad”. Ella vino a Buenos Aires para recibir “el apoyo necesario para revertir una sentencia injusta que garantiza la impunidad policial”.

Fernanda Nicora vive en la localidad bonaerense de Punta Indio, en cuyas playas apareció asesinado su hijo Sebastián el 14 de febrero de 2013. “Todavía estamos buscando al culpable, pero en una causa adjunta tenemos acusados de encubrimiento a ocho policías y un médico forense.” La acusación en ese expediente es porque en la autopsia se dijo que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza, pero “dos años después, con mucho esfuerzo, se hizo la reautopsia y se demostró que había recibido un disparo en la cabeza”. Encontraron restos de pólvora y un trozo de plomo, pero no se pudo constatar cuál fue el arma usada.

“Nosotros estamos convencidos de que el autor material del crimen es un policía, pero no podemos demostrarlo.” Con el acompañamiento jurídico de la Comisión Provincial por la Memoria “la causa está avanzando, pero a pasos muy chiquitos”. Se cree que el homicidio ocurrió cerca de las nueve de la noche en un lugar de playa que suele ser muy concurrido, sobre todo en verano, de manera tal que “la sospecha es que lo mataron en otro lugar y allí arrojaron el cuerpo, porque nadie escuchó disparos”. La madre de Sebastián considera que “la impunidad reina en la causa de Sebastián, pero al menos pudimos sacar a la luz un caso de los muchos de gatillo fácil que ocurren en Punta Indio y en toda la zona”.

Cristina Farías es de Santiago del Estero y a su hijo, Cristian Sebastián Farías, de 26 años, fue asesinado el 22 de septiembre de 2014. Ese día le habían robado la moto a un amigo y salieron en grupo, en vehículos similares, a buscar a los presuntos ladrones. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un móvil policial que, en lugar de escucharlos, los empezó a perseguir a ellos, acusándolos del robo que venían a denunciar.

“Los policías primero hicieron un disparo al aire y después, como todos se fueron separando, terminaron por seguir a mi hijo que murió, según la versión oficial, de un golpe en la cabeza cuando chocó con la moto contra un poste del alumbrado público”. La autopsia dice que falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la cabeza. Al revisar los datos y fotos de la autopsia, descubrieron que no hay “ninguna foto de la espalda de mi hijo y hay una versión que nos llegó, según la cual mi hijo tendría varios impactos de bala en la espalda, por eso estamos reclamando que se haga una nueva autopsia”.

El informe policial dice que el poste de luz tenía “una mancha de sangre, pero lo raro es que esa mancha está del lado opuesto a la dirección en la que iba mi hijo con la moto”. Lo que está pidiendo la familia es la exhumación del cuerpo para una nueva autopsia porque hay cuatro policías implicados en la persecución y queremos saber si recibió algún disparo por la espalda”. El hecho ocurrió a las dos de la madrugada en una calle oscura y los que hicieron la persecución son integrantes de la Dirección de Inteligencia Provincial (DIP), vestidos de civil.

Juana Achával también es de Santiago del Estero y quiere que se investigue a fondo la muerte su hijo, Claudio Luis Corvalán, quien supuestamente se quitó la vida ahorcándose en el tobogán de una plaza pública. “Los informes policiales dicen que lo encontraron colgando de una estructura de 3,10 metros de altura, cuando en realidad tiene 2,90 metros, pero hay serias sospechas de que lo mataron en la seccional diez de Santiago del Estero y luego lo colgaron en la plaza.”

La familia reclama que se haga una nueva autopsia “porque hay contradicciones entre lo que dijo el médico forense y lo que declararon los policías que supuestamente encontraron el cuerpo en la plaza”. Achával cree que “algo pasó antes, a mi hijo lo mataron, porque tenía el pelo y el cuerpo mojados, como si lo hubieran metido al agua y sobre eso no dan ninguna explicación”. La mujer vino a Buenos Aires “para pedir ayuda, porque necesito un médico forense que nos represente y para que el juez me autorice la realización de una nueva autopsia”.

Alicia Ramírez es la madre de Alejandro Martín Aranda, asesinado el 31 de enero de 2009, en Lomas de Zamora, por el ex militar Matías Domed, quien después de muchos años de lucha, fue condenado a 22 años de prisión por ese crimen y por una serie de delitos, en su mayoría por abuso de armas de fuego, extorsión y robo. Lo que reclama es que sea llevado a prisión Emiliano Cristian Etchegaray, para quien se había pedido una condena a 18 años de cárcel, pero en el juicio oral se lo sobreseyó “a pesar de las pruebas que había en su contra”.

La Cámara de Casación ordenó luego que Etchegaray sea también condenado como coautor del hecho “pero sigue en libertad a pesar de haber sido la persona que conducía el auto en el que Doned persiguió a mi hijo hasta encontrarlo y matarlo, a las seis de la tarde, en Lomas de Zamora, frente a una casa y cuando en la misma cuadra había 14 personas en la vereda y que también podrían haber muerto porque fueron varios los disparos que se hicieron”.

Durante la reunión con este diario, los familiares fueron acompañados solidariamente por Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann, asesinada en Miramar en un caso que involucró a policías; Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, asesinado por la policía mendocina, y por Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, torturada hasta morir en una comisaría bonaerense.