Un sindicato de presos en cárceles comunes presentó un reclamo en la Justicia para que se les reconocieran derechos laborales, entre ellos un salario mínimo y beneficios adicionales por trabajar en los penales. Ayer, la Corte Suprema sostuvo que no desconoce los derechos laborales de los trabajadores detenidos, pero rechazó el planteo de la organización al considerar que formalmente no tiene representatividad gremial del colectivo de trabajadores detenidos.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron sobre la presentación que había formulado el Sindicato Unión de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), vinculado con la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que dirige Hugo Yasky.

Esa organización, inscripta en el Ministerio de Trabajo, pero no reconocida con personería gremial, reclamaba que el Estado Nacional les asegure “empleos remunerados, un salario mínimo o mejores beneficios laborales a quienes cumplen condenas en prisión”.

El reclamo consistía en que “se pague una remuneración equivalente al salario mínimo, vital y móvil a la totalidad de las personas recluidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que efectúan tareas de naturaleza laboral”. La organización sostenía que existía una situación de

discriminación y desigualdad porque “en muchos casos, por esas tareas se abonaban montos inferiores al salario mínimo o sufrían descuentos”.

Pero la falta de representación gremial fue el argumento que utilizaron los jueces Maqueda y Lorenzetti para rechazar el reclamo.