Al menos desde 2013, la Justicia argentina dictó condenas por trata de personas contra un promedio de 55 personas cada año. La cifra, recabada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), además va en línea con la del informe sobre trata global presentado por Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) a fines de 2014, y que ubica a Argentina entre el 15 por ciento de países que han logrado más de 50 condenas por este delito cada año (el 17 por ciento de los países no condenó a nadie por trata y 16, menos de diez personas por año; el 26 por ciento registra entre 10 y 50 condenas por año). El titular de la Protex, Marcelo Colombo, señaló a este diario que esas diferencias entre las Justicias nacionales ante la trata es un correlato del momento en que cada país comenzó a cumplir con el Protocolo de Palermo y, en consecuencia, sancionar leyes para perseguir ese crimen. “En Chile, por ejemplo, hay ley contra la trata desde hace dos años, con lo cual los indicadores de condenas son más bajos por eso, pero también porque se empezó a perseguir mucho después que en Argentina”, explicó el fiscal.

Colombo cree que los números tienen explicación en que “desde 2008 hasta ahora ha habido una sucesión de dispositivos de detección de casos”. Además de existe una procuraduría especializada, “también se instrumentó el Programa de Rescate, se trabaja en conexión con Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios), que nos derivó casos de explotación laboral”. “Al hecho de que muchas provincias hayan empezado a tomar en serio el cierre de whiskerías y a tomar denuncias penales, también se suma la línea (telefónica nacional gratuita de denuncias) 145, que nos provee un caudal enorme de casos. Se abrió el grifo de denuncias y eso hizo que más casos ingresen en la Justicia y que la Justicia los vaya procesando. Es una combinación de cosas que ha confluido”, evaluó Colombo en diálogo con este diario.

El trabajo coordinado con la línea 145 comenzó en agosto de este año. La línea es administrada por la Protex, que enlaza tareas derivadas de lo que resulte de esa información con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de trata y con las dependencias judiciales que correspondan. De acuerdo con registros de la Procuración General de la Nación, sólo en el primer mes de funcionamiento, la línea recibió algo menos de 200 denuncias. Casi el 60 por ciento de las denuncias recibidas fueron por casos de explotación sexual, mientras que el 19 por ciento fue por explotación laboral (en orden decreciente, los demás llamados fueron por búsqueda de personas, oferta laboral engañosa o captación, o persona desaparecida). Más de la mitad de las denuncias fue originada en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, seguidas por Santa Fe (algo menos del 20 por ciento de los casos). Al cabo de ese primer mes, en el 77 por ciento de los casos, las denuncias fueron derivadas directamente a las jurisdicciones correspondientes, en algo más del 10 por ciento fueron a archivo, en algo menos del 10 se inició el preliminar correspondiente, en el 2 por ciento, se formalizó una denuncia. Sólo el uno por ciento de las denuncias realizadas a la línea terminó siendo desestimado.

–¿Qué perspectivas cree que esperan a las investigaciones judiciales por trata en el mediano plazo?

–El año pasado tuvimos una pequeña baja en la cantidad de casos ya iniciados y de procesamientos por explotación sexual. En parte, creo que tiene que ver con la aplicación de las leyes de prostíbulos cero dictadas en algunas provincias, y que cumplen en realidad con la aplicación de una vieja ley que prohíbe los prostíbulos (N. de R.: la norma es la 12.331, de 1937). Eso hizo que muchos lugares abiertos al público con el nombre de whiskería hoy estén cerrados. A la vez, al estar cerrados hay menos cantidad de casos visibles, tal vez hayan mutado en la forma de explotación y ahora recurran a la forma de “privados”, que es más difícil para investigar. Por otra parte, hoy es más difícil de encontrar lo que encontrábamos en 2008, 2009, que eran casos de explotación en lugares públicos y lo que llamamos “explotación dura”, es decir, situaciones de casos de encierro. Eso sucede porque la ley ha ganado en visibilidad y en poder de prevención. Otro cambio relevante es que, cuando hacemos allanamientos, en los prostíbulos hay menos menores de edad. Desde 2011, 2012, se nota que los explotadores toman en cuenta eso también. De cualquier manera, las denuncias siguen ingresando. A la vez, empezaron a llegar más casos por explotación laboral. Desde hace dos años a esta parte, ha habido un incremento de denuncias de esos casos. A veces, en la justicia, es más difícil que avancen, aunque sí ha habido condenas interesantes. De todos modos hay que seguir insistiendo.

–¿La trata para explotación laboral sigue involucrando más víctimas que la trata para fines de explotación sexual?

–Sí, y tiene que ver con el carácter del tipo de explotación. Al entrar en un campo, es posible encontrar a 100 personas en situaciones de presunta explotación. En cambio, en un prostíbulo, son cuatro, cinco, diez mujeres.