El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, reclamó que la Suprema Corte de Justicia provincial revea el fallo que obliga a fiscales y jueces a acortar los plazos para fundamentar y hacer cumplir las prisiones preventivas. El funcionario elevó su pedido en el marco de una reunión a puertas cerradas con el presidente del tribunal Pedro Llorente, los integrantes de la Corte Herman Salvini y Mario Adaro, y el procurador Rodolfo González. Del encuentro no participaron los miembros de la Corte Omar Palermo, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde, firmantes del fallo.

El fallo del máximo tribunal provincial fue la respuesta a un hábeas corpus colectivo por 874 detenidos presentado por la Asociación Civil Xumex. El reclamo planteaba que se diera un plazo de 24 horas para que el fiscal informe sobre la detención al Juez de Garantías, quien a su vez debe acogerse a un plazo de 24 horas para ratificar o rectificar la decisión del fiscal; la entidad también advirtió que las prisiones preventivas no pueden durar más de 60 días.

En conferencia de prensa tras el encuentro, la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, aseveró que el fallo “fue una medida dictada con premura, es poco oportuna y deja al borde del colapso al sistema de seguridad”.

Además agregó que han pedido que “que se revea el fallo, que se lo escuche al Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal y que se considere la situación actual”. La resolución del máximo tribunal “tiene parte resolutiva de imposible cumplimiento”, aseguró la funcionaria, quien señaló que el gobierno apela “al diálogo y esperamos resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia”. Montero afirmó que el Gobierno provincial tiene “la responsabilidad de velar por el bien común” y resaltó que “no hay búsqueda de conflicto por parte de ninguno de los tres poderes”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, dijo que “es importante destacar que no hay ningún tipo de interés en generar ningún tipo de conflicto”. “Lo que estamos buscando es una solución”, agregó, e indicó que el titular del máximo tribunal “se ha comprometido” a llamar “a la brevedad posible a un pleno de los siete ministros de la Corte para tratar este problema”.

El fin de semana la Corte Suprema de Mendoza aseguró en un comunicado que la sentencia dictada por el Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo “no ha venido a abolir alguna norma constitucional, penal, procesal o de seguridad” y que “no ordena la libertad de personas detenidas con condena firme o con prisión preventiva dictada por juez competente, ni personas detenidas por orden de detención del Ministerio Público Fiscal”.