La fiesta ilegal que se hizo en la madrugada del 1º de enero en Melchor Romero, cerca de La Plata, en la que murió ahogada en una pileta la estudiante de periodismo Yésica Emilia Uscamayta Curi, se ha convertido en un escándalo político que salpica –en mayor o menor medida– a las autoridades locales, provinciales y nacionales de Cambiemos. Raúl Ismael “El Peque” García, uno de los cuatro imputados por la Justicia como responsables del “homicidio culposo” de la joven de 28 años, entre otros delitos, es una versión fiestera de Zelig, aquel personaje creado por Woody Allen que aparecía en todas las fotos. Cholulo, además de ferviente militante de Cambiemos, El Peque exhibe en su Facebook fotografías en las que aparece abrazado con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, la vicepresidenta Gabriela Michetti o un par de bellas muchachas que muestran sus piernas mientras el Zelig criollo sonríe canchero. Esto puede parecer anecdótico, pero la situación es más grave a nivel de la Municipalidad de La Plata, donde un alto funcionario está bajo sospecha.

El intendente platense, Julio Garro (PRO-Cambiemos), es el mismo que echó a 4600 trabajadores estatales, situación que luego sumó la violenta represión del viernes 8 de enero, que tuvo como objetivo la marcha que se hizo para exigir la reincorporación de los despedidos. Garro vuelve a estar en problemas porque uno de sus funcionarios más cercanos, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Juan Manuel Martínez Garmendia, ha sido señalado por un juez platense como el presunto responsable de haber “autorizado”, supuesta coima mediante, la realización de una fiesta que había sido prohibida en forma explícita por la Subsecretaría de Control Urbano del municipio.

Adrián Rodríguez, abogado de la familia Uscamayta Curi, le dijo a Página/12 que cuando ya se había conocido la prohibición de la fiesta por decisión de Control Urbano, los organizadores difundieron por medio de una imagen de pantalla que corrió por las redes sociales: “Ya pagamos 20 mil pesos a Control Urbano y hacemos la fiesta”. El evento en la quinta San Cayetano fue promocionado con el nombre de “La Frontera” y su slogan fue “el límite lo pone usted”. Concurrieron entre cuatro y seis mil personas y la recaudación estuvo cerca de los tres millones de pesos.

Sobre el supuesto soborno, el juez de Garantías platense César Melazo, que participó de la fiesta acompañado por unos amigos, aseguró por medio de una serie de tuits publicados en su página personal, que no fue Control Urbano el que recibió “el pago” para “habilitar” lo inhabilitado. Melazo señaló con nombre y apellido al subsecretario de Gobierno del municipio Juan Manuel Martínez Garmendia.

El nombrado es hijo de la jueza platense Marcela Garmendia y de Luis Martínez Varela, quien fue señalado como uno de los responsables de la disolución del histórico Banco Municipal de La Plata. El cierre de la entidad se dio en un proceso que se produjo entre 2002 y principios de 2003, y que determinó en su momento la apertura de una causa judicial en la que se investigaron serias irregularidades. La familia de Martínez Garmendia es muy cercana, por ideología y amistad, al intendente Garro.

Hasta hoy la investigación a cargo del fiscal platense Alvaro Garganta tiene cuatro imputados y cuatro pedidos de detención ordenados por el juez del caso, Fernando Mateos, que todavía no se han ejecutado. Además de El Peque Raúl Ismael García, están en la misma situación el ingeniero Carlos Federico Bellone, dueño de la quinta San Cayetano donde se hizo la fiesta; el empresario Santiago Piedrabuena, amigo del subsecretario Martínez Garmendia y dueño del Pub 737 de La Plata, con “antecedentes por robo” según confirmó a este diario el fiscal Garganta.

El cuarto imputado es Gastón Haramboure, quien está cumpliendo una condena a 10 años y ocho meses de prisión, por la muerte, en el año 2009, del joven Juan Andrés Maldonado. El relacionista público Haramboure fue condenado a prisión domiciliaria, un dato curioso por lo gravoso de la pena y por el hecho de que no tiene ni edad ni problema de salud que le impidan cumplir la sanción en una cárcel común. Haramboure acumuló una mancha más en la madrugada del 1° de enero porque no estaba en su domicilio, como marca la pena que se le impuso, sino atendiendo una de las barras más concurridas de la fiesta.

Haramboure fue condenado como co-autor del homicidio de Maldonado, por haber proporcionado las armas de fuego que se utilizaron en el hecho, ocurrido durante un tiroteo que se produjo en las cercanías del boliche Alcatraz, en Berisso. El sábado se confirmó que Haramboure está preso, pero no por la fiesta sino por haber incumplido la prisión domiciliaria. En diálogo con Página/12, el fiscal Alvaro Garganta aclaró que las detenciones ordenadas por la muerte de Yésica Emilia no se ejecutaron porque los defensores de los imputados “presentaron pedidos de eximición de prisión que fueron rechazados por el juez (Fernando Mateos), pero ellos apelaron ante la Cámara, que no se expidió sobre el tema, de manera que todo está suspendido a la espera de esa resolución del tribunal”.

Garganta aclaró que “no se los puede considerar prófugos, porque hay una instancia judicial que impide por ahora detenerlos”. El único detenido es Haramboure, que ahora está preso en una celda. De todas maneras, a pesar de los dichos del fiscal, la familia de la joven que murió en la pileta cree que algunos imputados se habrían fugado.

El fiscal Garganta dijo que la imputación que pesa sobre los cuatro es no sólo por el “homicidio culposo” de la joven fallecida por asfixia por inmersión, según la autopsia, sino también porque “hubo hechos de desobediencia porque los inspectores de Control Urbano no sólo emitieron dos órdenes para que no se hiciera la fiesta, dos días antes de su realización, sino que fueron dos veces a la quinta de Melchor Romero durante la fiesta para clausurar el lugar y desalojar a los asistentes, pero los organizadores no acataron lo que se les ordenó”.

Garganta estimó que analizando la causa y la carátula, podrían llegar a recibir “una pena de siete años” de prisión, de manera que la detención, si la convalida la Cámara, podría llegar a mantenerse luego de la indagatoria a la que deberán someterse. “El hecho en su conjunto tiene agravantes que podrían llegar a determinar que sigan presos” hasta el juicio oral, estimó el fiscal. Recordó que “dos de ellos (Piedrabuena y Haramboure) tienen antecedentes, de manera que su situación se complica”.

El fiscal estimó que “no hay motivos” para imputarle negligencia o alguna irregularidad a los funcionarios de la Secretaría de Control Urbano porque entiende que hicieron “todo lo posible para que el evento no se realizara” y cuando fueron a clausurar la quinta “no tuvieron la posibilidad de hacerlo porque había mucha gente y no contaban con los medios necesarios; no vemos irregularidades porque son frecuentes estas fiestas en La Plata y es muy difícil actuar, en el caso de los inspectores, porque a veces les tiran latas, botellas, de todo”.

Adrián Rodríguez, el abogado de la familia de la víctima, le dijo a este diario que ellos están “en desacuerdo con la calificación legal del hecho” porque creen que “no fue homicidio culposo, como dice el fiscal, sino homicidio con dolo eventual porque los organizadores sabían que el lugar no estaba habilitado para hacer el evento, porque no ofrecía las condiciones de seguridad para los miles de asistentes, dado que no había médicos, ni ambulancias, ni personal de seguridad suficiente, ni siquiera había guardavidas en la pileta donde se ahogó Emilia”. La piscina tiene una parte profunda donde no se hace pie.

“El dolo eventual corresponde en este caso, porque los organizadores conocían las deficiencias del lugar y tendrían que haber previsto la posibilidad de que ocurriera un hecho como el que sucedió, teniendo en cuenta que había un número excesivo de asistentes”, insistió el abogado de la familia Uscamayta Curi.

Rodríguez pidió también que “la Justicia investigue los presuntos sobornos que recibió un funcionario municipal, según la denuncia pública que hizo el juez César Melazo. Los mismos organizadores mencionaron en una imagen de pantalla en las redes sociales que habían pagado 20 mil pesos para poder hacer la fiesta y eso no está siendo investigado por el fiscal Garganta, que es primo segundo del intendente Garro”.

El abogado dijo que se presume que había en la quinta, la madrugada del primer día del año, “entre cuatro y seis mil personas que dejaron una recaudación de tres millones de pesos, por el cobro de entrada y la consumición; contaban incluso con un sector VIP mucho más caro. Esta fiesta nunca debió hacerse y hay que investigar a Control Urbano, porque tenían que haber tenido una intervención mucho más firme para lograr la clausura de la quinta y ponerle fin a la fiesta”.