Con los presuntos fusilamientos de chicos ladrones investigados por Página/12 como telón de fondo, una treintena de jueces de menores se reunieron ayer con el Presidente de la Suprema Corte Bonaerense, Juan Carlos Hitters. La reunión tuvo sus matices pero hubo dos temas en los que se centró la preocupación de los 30 magistrados: el desborde del sistema de minoridad en la provincia y la continuidad de los asesinatos y malos tratos a menores. En un cuarto intermedio, Hitters se despachó ante los periodistas: “Estamos preocupados porque seguimos recibiendo denuncias de malos tratos y apremios ilegales, hay una continuidad en eso”, dijo ante este diario. Sobre la presunta existencia de escuadrones de la muerte que eliminan sistemáticamente a menores que roban, una alta fuente de la Corte dijo tras la reunión que es auspiciosa la preocupación del máximo organismo ante un tema “que no le importa en absoluto al Ejecutivo. La Corte marca, da las alertas, señala lo que se está haciendo mal, pero la bala la dispara un policía”, advirtió. “Pareciera que a algunos no los escandaliza que justamente se los apremie, golpee o insulte”, consideró por su parte la subsecretaria del Patronato de Menores de la Corte, Estela Testoni, parada junto a Hitters.
El tema de la confrontación con el Ejecutivo, ese otro con el que la Corte suele pelear en la provincia por la problemática de los menores, fue ayer estrella total del encuentro. Dividido en dos tiempos, separado por un cuarto intermedio para las gaseosas y los sanguchitos, el cónclave fue de la advertencia sobre cómo deben comportarse los jueces ante las denuncias de maltratos de los chicos, hasta la manera en que es “necesario” para la Corte que los jueces actúen cuando un niño carece de comida, salud, techo o protección. Con una concepción de los derechos ampliada, que es un planteo similar al que le hizo al gobierno la organización Amnistía Internacional, los jueces se involucrarían de esta manera en controlar que el Estado cumpla con sus obligaciones con quienes tienen menos de 18 años. Uno de los comentarios luego del mitín de magistrados fue la existencia de casos recientes de presuntos fusilamientos en los que el chico no sólo había denunciado amenazas sino que además estaba tutelado por el Estado y había fugado de un instituto de menores.
“Lo único que se sabe es que en el sistema no hay lugar para un solo pibe más. Ya tenemos 130 chicos en comisarías que no deberían estar allí”, le dijo a Página/12 la jueza María Angélica Bernard, de Necochea. “¿Por qué existe un escuadrón de la muerte?”, preguntó este diario. “Es algo instalado, que tiene que ver con una ideología según la cual es mejor meterle bala a los ladrones –disparó Bernard–. Cuando el policía tiene orden de pegar, pega; si el milico tiene posibilidad de tirar, tira. Como hoy no está claro dónde está el enemigo, ante la disyuntiva tira. Es como quieren esclarecer un hecho: lo hacen a cualquier precio”. Todas las fuentes consultadas sobre la temática de ayer coincidieron: “La reunión no es solamente por las muertes de menores”. Pero todas también coincidieron con el “nivel de importancia que ha adquirido el problema”. Para Bernard, la eliminación metódica de menores en situación de delito “resulta lógica cuando el sistema no tiene ninguna respuesta para los chicos excluidos”: Nadie puede responder por ese menor fugado que tiene una familia que no puede albergarlo. Lamentablemente que sean eliminados hace a este contexto en el que apenas sobreviven”.
Las recomendaciones a los jueces ayer fueron claras: que avisen en el momento ante la Corte la existencia de una denuncia por torturas, apremios o malos tratos, mucho más si se trata de un homicidio. Aunque estas recomendaciones ya llegaron a los jueces y defensores cuando la Corte emitió en octubre la acordada en la que se denunciaron sesenta supuestos enfrentamientos de chicos, muchos de ellos amenazados por la policía. Tras ese informe, la Procuración inició una investigación sobre las irregularidades cometidas por los fiscales de San Isidro que inmovilizaronlas causas en las que se acusa a policías. “Muchos jueces plantearon que ya se han cansado de pasar a la fiscalía los casos de apremios y que duerman un sueño eterno como el de los chicos muertos del escuadrón”, le dijo a este diario una altísima fuente de la Corte.
El presidente de la Corte recordó que “los jueces de Menores, al igual que los de otros fueros, están obligados a realizar visitas periódicas a los calabozos donde están detenidos menores”. Aunque su máxima preocupación sería que “el sistema de alojamiento de menores está totalmente desbordado y los juzgados de Menores atraviesan por serios problemas económicos que dificultan su funcionamiento”. O sea: por un lado no hay lugar para más detenciones en institutos, y por el otro los que están detenidos denuncian permanentemente palizas, golpes, humillaciones, condiciones inhumanas de detención. “No tenemos personal, trabajamos cada vez con menos gente, aumentan los pedidos de carpetas psiquiátricas porque por más que trabajamos, la mayoría de las veces los chicos ya no tienen quién los ayude, ni la familia ni el Estado”, se quejó uno de los jueces, desde el anonimato.