Para confirmar la idea de que el gobierno de Cambiemos propicia un pronto regreso a los años noventa, los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, detrás de Puerto Madero, denunciaron un operativo al estilo del ex intendente menemista Jorge “Topadora” Domínguez. Los afectados son los propietarios de puestos de venta de comida que fueron destruidos a lo largo de la avenida España, en Costanera Sur, dejando sin fuente de ingresos a unas cien familias. Los testimonios recibidos por la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia Móvil (Atajo) son coincidentes en cuanto a señalar la violencia del operativo realizado por la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio Público, con el aporte de la Policía Metropolitana. Las topadoras arrasaron con todo y los damnificados fueron maltratados, incluyendo el caso de una mujer embarazada.

Rosa, una mujer de nacionalidad peruana, dijo que cuando le avisaron del operativo, que se hizo a partir de las 6 de la mañana del jueves pasado, concurrió de inmediato a la parrilla de su propiedad y vio cómo subían a un camión el freezer que tenía en su negocio. Les pidió “por favor” que no se lo llevaran, pero le respondieron que había sido “decomisado” junto con “dos exhibidoras, una plancha, anafes, un mueble y una parrilla tambor”.

El procedimiento, según pudo determinar el equipo de Atajo que trabaja en Rodrigo Bueno, estuvo a cargo de Daniel Sbora, de la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio Público del gobierno porteño, en colaboración con personal policial al mando de un subcomisionado de investigaciones de la Metropolitana de apellido Taborda. Cuando la mujer les pidió que le mostraran la “orden de allanamiento” emitida por alguna autoridad judicial, le respondieron que “la tenían, pero no se la iban a mostrar”, según consta en el acta labrada por María Constanza López, secretaria de Atajo, a la que tuvo acceso Página/12.

La denunciante, que está embarazada, sostuvo que los policías “la empujaron y no le dejaron sacar sus cosas”. Sólo le entregaron “un acta de secuestro” donde figuran los bienes que se llevaron. Relató, con visible angustia, que “le rompieron el puesto con una especie de topadora” sin escuchar sus reclamos dado que esa era “su fuente de trabajo” para darle de comer a sus siete hijos.

Julio César, de 42 años, oriundo de Bolivia, denunció a su vez que se llevaron todo de su puesto de comidas ubicado en España 1820. El hombre confirmó que vio cómo los policías metropolitanos “empujaban a una mujer de nombre Rosa, quien se encuentra embarazada”.

En lo personal, el hombre reportó que vio cómo rompían su puesto de comida “con una sierra” y que, a pesar de que actuó lo más rápido posible, sólo pudo rescatar del secuestro “una heladera, vajilla y una freidora”. Para finalizar, dijo que a su negocio “lo aplastaron con una especie de topadora”. Agregó que los que hicieron la destrucción fueron “trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. El acta de secuestro que le extendieron está firmada por Sebastián Calvo.

Yolanda Elvira, también de nacionalidad peruana, afirmó que cinco agentes de la Policía Metropolitana le dieron “20 minutos para sacar lo que tenía adentro porque le iban a derribar todo” su negocio. Ella se apresuró a sacar lo que pudo porque vio que “desde el fondo venían tirando y rompiendo los carros de los demás vecinos con una especie de topadora”.

Como a los otros vecinos, a ella no le presentaron “orden (judicial) alguna”. Le llevaron “la congeladora, dos cocinas, dos microondas, utensilios, sillas, mesas, dos garrafas (...) el puesto de madera, las maderas y las chapas, sin entregarle ningún acta de secuestro”.

Sostuvo que “nadie de la Dirección de Espacio Público le notificó cómo y dónde retirar los bienes que se llevaron”. La mujer testificó, además, que pudo presenciar cómo “terminaron de derribar los puestos de comida, 40 aproximadamente, dejando sin trabajo a 100 familias aproximadamente”.

Nereida Francisca, de 58 años, dijo que “siete agentes de la Policía Metropolitana, con una máquina parecida a una topadora” destruyeron su negocio “y se llevaron todo, sin manifestar nada”. Los bienes perdidos por ella son “una heladera exhibidora, un freezer, una cocina, ollas, utensilios varios, mercadería en general por un valor de 3000 pesos, una garrafa, una pava eléctrica, una licuadora, mesas, sillas, y el puesto con chapas y maderas” incluidas.

Sostuvo que el operativo, que había comenzado a las 6 de la mañana, se extendió hasta después del mediodía. Al referirse a su situación personal, luego de perder su única fuente laborar, afirmó que “se agrava en este momento (...) ya que es paciente oncológica, dado que padece cáncer de útero”. A ella nunca le habían notificado de la posibilidad de semejante operativo y tampoco le entregaron acta de secuestro alguna.

En la información a la que tuvo acceso este diario, se puso de relieve que “en algunos casos, los bienes secuestrados fueron dañados durante la ejecución del operativo”, lo que abre un interrogante sobre en qué condiciones se los van a reintegrar, si es que eso ocurre finalmente. En algunas de las actas de secuestro entregadas a los damnificados no hay datos precisos sobre los bienes que se llevaron, dato que agrega más incertidumbre para los damnificados.