La lucha entre el gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas para decidir a quién le corresponde legislar sobre la interrupción del embarazo llega este miércoles al Tribunal Supremo, que decidirá en junio sobre uno de los casos acerca del aborto más controvertidos de las últimas dos décadas.

Bajo la lupa de los ocho jueces del alto tribunal estará una conflictiva legislación de Texas promulgada en 2013 y que, con el argumento de proteger la salud de las mujeres, provocó el cierre del 75 por ciento de las clínicas del estado, según el grupo Whole Woman’s Health.

La ley establece dos requisitos: las clínicas deben cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y sus médicos deben tener unos privilegios de admisión en un hospital que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubica el centro para abortos.

Los oponentes de la ley aseguran que esos requisitos no son necesarios y que la ley castiga a las mujeres más pobres, que no pueden pedir días libres en el trabajo y, mucho menos, costearse varios viajes de cientos de kilómetros para pagarse un aborto, procedimiento permitido en Estados Unidos desde 1973.

En el anterior caso con gran repercusión pública, en 1992, el alto tribunal determinó que las leyes de los estados no pueden añadir sobre el derecho al aborto “cargas innecesarias” que “tratan de poner obstáculos sustanciales en el camino de la mujer que busca abortar antes de que el feto sea viable”.

Lo que tiene que decidir en junio el Supremo es si la ley de Texas impone esas “cargas innecesarias”. Un fallo en contra de Texas afectaría a los 28 estados con leyes similares.