A tres años del asesinato de David Vivas y Javier Alarcón, en un hecho de violencia incomprensible contra un grupo de jóvenes que volvían de un baile, fue condenado a 21 años de cárcel el autor del doble crimen, el subcomisario de la Policía Bonaerense Alfredo Veysandaz. El policía fue también sentenciado por la “tentativa de homicidio” de Marcelo Luquez, quien resultó herido durante los hechos ocurridos a las 7 de la mañana del 3 de marzo de 2013. La querella, representada por María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), había pedido que se le aplicara a Veysandaz la prisión perpetua, mientras que el fiscal Fernando Celesia solicitó 23 años.

“Hace tres años, los diarios titulaban que un ‘justiciero’ había ‘abatido dos hampones y herido un tercero’. Hoy, gracias a la lucha organizada, tres juezas tuvieron que reconocer que el subcomisario Veysandaz es un asesino que fusiló a los chicos, y que debe seguir preso”, dijo Verdú luego de que finalizara la lectura del fallo en los tribunales de Quilmes, en la avenida Yrigoyen 475.

Verdú estaba acompañada por Betty Aguirre, la mamá de Vivas, y por Gladys Luquez, madre de Javier Alarcón y de Marcelo Luquez. Estuvieron también amigos y vecinos de las víctimas, algunos de ellos testigos de lo ocurrido el 3 de marzo de 2013 en Quilmes, en la ribera del Río de la Plata. También estaba Carla Lacorte, víctima de otro caso de gatillo fácil, en 2001, durante un operativo al que era ajena; recibió un balazo policial en la cintura que la condenó a la silla de ruedas.

La condena aplicada por el Tribunal Oral 1 de Quilmes, integrado por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Viccio y Florencia Butiérrez, fue por “tres homicidios simples, uno en grado de tentativa, agravados por el uso de arma de fuego”. Aunque estaba conforme por el fallo condenatorio, la abogada Verdú se quejó porque los jueces “nunca aplican el agravante que corresponde cuando el imputado es integrante de las fuerzas de seguridad, lo que convierte a un homicidio en un crimen de Estado”. Insistió en que por esa razón pidieron la cadena perpetua porque “era importante para noso- tros dejar en claro que es un caso de gatillo fácil”.

No obstante, comentó que “veintiún años de prisión no es una pena que se aplique todos los días”. En el momento de los hechos, el subcomisario Veysandaz era el segundo jefe de la seccional 1ª de Quilmes.

Ya en la calle, frente a un grupo numeroso de militantes de distintas organizaciones políticas y sociales, Verdú reiteró que “la alegría por la condena no nos impide señalar que, una vez más, la justicia del sistema se anima a condenar al asesino, pero se esfuerza en preservar al aparato represivo del Estado. Por eso, aunque admitieron el planteo de nuestra querella, de que fueron tres homicidios (uno tentativo) y no dos homicidios y una lesión leve, como pretendía el fiscal, rechazaron nuestra acusación por homicidio calificado por la condición de policía del asesino, que hubiera permitido la condena a prisión perpetua”.

El hecho juzgado ocurrió a las 7 de la mañana del 3 de marzo de 2013, en la ribera de Quilmes, cuando Javier Alarcón (15), David Vivas (21) y Marcelo Luquez (23) caminaban junto a otros cuatro chicos, luego de haber salido de un boliche de la zona. En esos momentos, un auto los rozó en una zona sin veredas y los jóvenes comenzaron a insultar al conductor, que resultó ser el subcomisario Veysandaz

Cuando el subcomisario se bajó del auto, vestido con ropa de civil, uno de los jóvenes le pidió un cigarrillo. Eso generó una discusión durante la cual uno de los jóvenes pateó una rueda del auto. En ese momento, el conductor tomó su arma de adentro del vehículo y comenzó a disparar contra los jóvenes en forma indiscriminada, lo que provocó la muerte inmediata de Alarcón y Vivas y heridas a Luquez.

En el juicio hubo un testimonio clave, el de una adolescente de 16 años que al momento de los hechos tenía 13. “Tiraba a matar al que sea, como si fuéramos pájaros. Fueron ellos, pero podría haber sido cualquiera de nosotros”, afirmó la chica. La joven sostuvo que la policía de la zona los acosó para que cambiaran sus declaraciones y dijeran que las víctimas estaban armadas. Luego del hecho, el policía escapó del lugar y estuvo prófugo tres días hasta que se lo detuvo en una casa de la localidad bonaerense de San Martín gracias a que un vecino había anotado la patente de su auto.