En la última década, fiscales, jueces y otros operadores de la Justicia en distintos puntos del país fueron, de una forma u otra, partícipes necesarios de numerosos femicidios al minimizar las denuncias de mujeres que terminaron asesinadas por su pareja o ex pareja, demorar el dictado de medidas cautelares para protegerlas, no controlar su cumplimiento, y dejar impunes delitos como lesiones leves y amenazas, que luego derivaron en agresiones mayores, hasta la muerte. Una vez cometido el femicidio, en algunos casos aplicaron penas atenuadas, luego de justificar las conductas del asesino, con diversos argumentos que denotan prejuicios arraigados, por ejemplo, una presunta infidelidad de la esposa, o interpretaron como “abandono” la decisión de la mujer de separarse para terminar con un vínculo atravesado por malos tratos. Estas son conclusiones de un relevamiento de una veintena de causas judiciales que investigaron los homicidios de mujeres a manos de parejas o ex parejas y que forman parte de libro “Femicidio y debida diligencia: estándares internacionales y prácticas locales”, elaborado por la Defensoría General de la Nación junto con Amnistía Internacional Argentina.

“Hay que tomar en serio la gravedad de lo que está sucediendo y avanzar en un plan integral que proteja a las mujeres con métodos efectivos: cada vez hay más femicidios y el número de las mujeres que hicieron la denuncia y luego son víctimas de femicidios sigue en aumento”, exhortó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, al cerrar el encuentro, convocado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el que se presentó el libro y otros informes vinculados al problema, de la Comisión sobre Temáticas de Género del organismo, que encabeza Raquel Asensio. Martínez enumeró algunos ejemplos de las falencias con las que se aborda la violencia machista: “A fin del año pasado se aprobó una ley para garantizar abogados gratuitos en todo el país para asistir a todas las víctimas pero esa ley no incluye de dónde se va a sacar el dinero, cuál será el presupuesto que tendrá... entonces las palabras son hermosas pero en la práctica es imposible de aplicar”, criticó. “¿La Justicia puede solucionar todo? No. Tiene que formar parte de un plan integral que incluya a la salud pública, que garantice el sustento de la familia, que no se la reubique en un refugio lejos de todo, donde los chicos no puedan seguir yendo a su escuela, etc. Son cosas simples pero que no se contemplan”, subrayó la defensora quien consideró que “falta mucho” pero que mirando hacia atrás “es claro que se avanzó”.

La investigación realizada por la DGN y AI deja en evidencia que “el sistema de justicia no aplica estándares internacionales de derechos humanos, que tienen rango constitucional cuando se trata de casos de violencia de género”, dijo a Página/12 la abogada Mariela Belsky, titular de AI en Argentina. “Encontramos casos en los que había pedidos de medidas de protección y la respuesta judicial fue tardía. En un hecho en que intervino un juzgado de Familia de Lomas de Zamora, la medida de exclusión del hogar y no acercamiento se demoró más de las 48 horas que establece la ley, y la mujer fue asesinada por su pareja. Analizamos distintas causas por femicidio, que grafican el accionar de la justicia. Por ejemplo, en otro caso de La Plata, se pidió una medida de protección por las distintas agresiones que sufría la mujer de parte de su pareja y la fiscalía les ofreció una mediación. Luego la mujer apareció muerta: la investigación preliminar posterior concluyó que se había suicidado, pero no se pudo determinar si el suicidio había sido consecuencia de la situación de violencia que vivía”, detalló a este diario el abogado Mariano Fernández Valle, de la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN. Otra falencia detectada fue que no hay un seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección. Por otra parte, la fragmentación de las causas en distintas intervenciones, “hace que se pierda de vista la gravedad del conflicto” y esa situación “impacta en la posibilidad de dictar medidas apropiadas” y al mismo tiempo “obtura la posibilidad de responsabilizar al agresor”, explicó Fernández Valle.

El informe es una radiografía de los últimos diez años. Analiza causas que tramitaron antes de la sanción, a fines de 2012, de la reforma penal que incorporó el agravante por violencia de género para el homicidio. Belsky destacó que “desde Amnistía presentamos esta iniciativa como una manera de contribuir y visibilizar una realidad que invite a reflexionar a los jueces y a la justicia respecto de un problema que hoy es estructural en nuestro país, el femicidio”. En relación a las causas, Belsky puntualizó que “si bien existen protocolos de investigación, todavía son escasamente conocidos e implementados”. Respecto a las obligaciones de investigar y sancionar la violencia de género, dijo que “preocupa la demora en el inicio de las investigaciones, y la fragmentación a la que se las somete, la falta de exhaustividad en la recolección de pruebas, en particular las relacionadas con antecedentes de violencia, la valoración sesgada del material recabado, la escasa credibilidad otorgada a las víctimas, la duración prolongada de los procesos, la utilización estereotipada de atenuantes”.