La Justicia de San Juan procesó sin prisión preventiva a nueve directivos de la empresa Barrick Gold, por considerarlos responsables del derrame de cianuro que se produjo en septiembre en la mina Veladero. La decisión la adoptó el juez de Jáchal, Pablo Oritja, quien responsabilizó al personal jerárquico de la compañía minera por la contaminación derivada del incidente en la mina, y les trabó embargo por cien mil pesos a cada uno. La empresa Barrick Gold adelantó que los nueve directivos procesados en la causa por el derrame de cianuro apelarán la medida ante la Cámara Penal de San Juan, mediante los abogados que los representan.

“Sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito”, expresó en un comunicado la minera multinacional.

El magistrado Oritja dispuso el procesamiento aplicando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, por lo que aceptaría que hubo contaminación en los ríos de la zona. El juez consideró en el fallo que los ejecutivos de Barrick actuaron con negligencia e impericia, lo que permitió el derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada que se expandió por los ríos de la zona.

Saúl Zeballos es habitante de Jáchal y miembro de la Asamblea Jáchal No Se Toca. La asamblea se conformó el 27 de febrero de 2015 para enfrentar proyectos mineros que se multiplican en la provincia pero tomó más fuerza con la fuga del año pasado.

Según contó a Página/12, Zeballos es querellante en la causa penal que se tramita actualmente en Comodoro Py, una empresa judicial que podría llegar a “más responsables de los que actualmente están procesados”.

Desde la asamblea, consideran al procesamiento de los empleados de la Barrick Gold como “un avance” aunque esperan que “sigan surgiendo más responsables”. Según el representante de la Asamblea, en la causa penal debería haber imputados de otras áreas tales como funcionarios de la provincia de San Juan o responsables de ambiente.

“Cuando fue el derrame, los funcionarios se enteraron al poco tiempo y no nos dijeron nada a los pobladores. El entonces gobernador José Luis Gioja apareció en canales muy vistos de la provincia diciendo que iba a tomar agua de todos los ríos de San Juan. El mensaje era que no le importaba inmolarse con tal de proteger a una multinacional, pero a los habitantes no nos vino a ver nadie para tranquilizarnos”, agregó Zeballos.

El derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada se produjo el 12 de septiembre, tras la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La falla fue detectada varias horas después de producirse el incidente, por lo que el líquido contaminante llegó a ingresar en los ríos de la zona.

El juez Oritja dispuso los procesamientos de los directivos de la Barrick sobre la base del artículo 56 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que impone penas a quienes causan una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo “por imprudencia o negligencia”, y también por “inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”. Desde la Asamblea reconocieron que esperan una sorpresa con el anuncio del “procesamiento a responsables de otras áreas”.

Hasta el momento, el juez Oritja procesó al ex gerente general Antonio Adames, quien fue apartado del cargo tras el derrame, el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Angel Escudero; el gerente de Procesos, Walter Pizarro; el jefe de Procesos, Leandro Poblete y su empleado en el sector, Segundo Alvarez, además de los supervisores Osvaldo Brocca (Servicios Técnicos), David Sánchez (Mantenimiento) y Ricardo Cortez (Medio Ambiente).

Además de la causa que tramita Oritja, también abrió una investigación por el derrame el juez federal porteño Sebastián Casanello, decisión que fue cuestionada en San Juan por considerar que el magistrado no tendría competencia sobre un hecho que ocurrió en la provincia.

“Nosotros estamos como querellantes en la causa de Casanello porque en la provincia no nos lo permitieron. Nos rechazaron aunque fuimos los primeros en denunciar lo que pasaba”, expresó a este diario Zeballos. Además de la denuncia penal, los miembros de la Asamblea presentaron un recurso de amparo en la causa civil. Con ese amparo desde la organización lograron “dos campañas de monitoreo en las cuencas altas y bajas de río Jáchal cuyos resultados llegarán al juzgado en estos días para ser tomados como prueba en Buenos Aires”.

Casanello representa para la Asamblea la oportunidad de ir “contra funcionarios nacionales responsables por ejemplo de la Secretaría de Minería de la Nación. También esperamos que pueda avanzar contra los responsables provinciales. Además, hemos logrado que el juez tenga en cuenta nuestras inquietudes para hacer estudios serios del impacto ambiental”, agregó Zeballos.

“Queremos que nos digan realmente qué es lo que pasó, por eso es necesario que se hagan estudios de impacto. El cianuro puede haber afectado aguas subterráneas y eso pone en riesgo la salud de muchas más personas de las que se sabe”, concluyó Zeballos.