Luego del desalojo de las 37 familias del Paraje Sarandí, en la localidad misionera de Esperanza, la subsecretaria de Tierras de la provincia, Sonia Mello, se comprometió a intervenir en el conflicto “para evitar nuevos incidentes y acciones irregulares” en el lugar. El pedido de mediación fue realizado por la Comisión Vecinal de la Colonia 2 de Febrero, en el paraje ubicado en Picada Morena y fue acompañado por el diputado Martín Sereno del bloque del Partido Agrario y Social (PayS), quien se reunió con Mello para dejar firme el compromiso de buscar una solución para las familias desalojadas. “Se trata de pequeños productores de la zona que viven y cultivan el lugar desde hace 10 años”, explicó el diputado Sereno, que al llegar al paraje encontró “algunas viviendas incendiadas, otras destrozadas y un camión llevándose pertenencias de los pobladores”.

La mañana del 29 de febrero, unos 50 uniformados –entre los que se encontraban policías, gendarmes y guardaparques–, llegaron al Paraje Sarandí para cumplir con la orden de desalojo del juez Rubén Lunge, subrogante del Juzgado de Iguazú. “Llegaron, destrozaron las viviendas del paraje, que son precarias, y otras las prendieron fuego”, contó a Página/12 Sereno, que logró “frenar algunos de los camiones que se llevaban pertenencias de las familias del paraje para recuperarlas”. Según el relato del diputado del PayS, en ese momento logró contactarse con el juez que dio la orden del desalojo y “consiguió un mes de plazo para ver qué podemos lograr para estos productores”. Sereno adelantó que “una posibilidad es la reubicación de las familias” aunque su objetivo es “que los pobladores se queden en el lugar, para dar valor a la posesión de las tierras y poder sentar un precedente”.

Las familias llevan 10 años viviendo en el Paraje Sarandí, una zona rural de difícil acceso –por las condiciones de los caminos de tierra–, donde no hay electricidad ni agua potable. “Institucionalmente no tienen nada, no hay salitas de emergencias ni escuelas, las familias construyeron sus propias casas y en ese lugar llevan una economía de subsistencia”, amplió Sereno. El diputado también remarcó que tanto el PayS como el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), exigieron a las autoridades provinciales “sanciones para quienes llevaron a cabo este violento desalojo” y señaló que tanto el gobernador Hugo Passalacqua, como el vicegobernador Oscar Herrera y los ministros de Gobierno, Marcelo Pérez y de Derechos Humanos de Misiones, Lila Marchesini, están al tanto de la situación.

“Estos productores vivieron tranquilos varios años hasta 2014, cuando los desalojaron por primera vez, también en feria judicial, fuera de la gestión habitual de la justicia”, reconstruyó Jorge Páez, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), que agregó que “desde entonces son amenazados para que dejen esas tierras”. En relación a la situación actual de los pobladores desalojados, el referente del MNCI contó que “a pesar de que se suspendió el operativo algunos camiones llegaron a llevarse objetos” y que “el sábado pasado se logró que se devolvieran algunas cosas, aunque otras se las quedaron, entre ellas herramientas de trabajo que son básicas para la gente del paraje”. Para Páez, si bien se trata de un problema entre privados “el conflicto es mucho más que este caso, y es responsabilidad del Estado brindar regularización, planes y programas para facilitar la documentación de tierras a los poseedores y también el acceso a la tierra”.

Informe: Paz Azcárate