La sangría desatada por la violencia machista parece no tener fin. Al menos 43 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres en lo que va de 2016, según registros periodísticos. La mayoría a manos de su pareja o ex pareja. Sin una respuesta contundente cuando las víctimas piden ayuda y denuncian, será difícil frenar los femicidios.

Lamentablemente se han perdido varios años sin un plan nacional para enfrentar el problema, que permita articular políticas desde la Nación, con las provincias y los municipios y, especialmente, con la Justicia. Desde 2009 la Argentina tiene una ley modelo, la 26.485, pero no se termina de implementar en su totalidad. Plantea las directrices necesarias para pensar el problema desde su complejidad, con medidas que apuntan a la urgencia y la emergencia y otras al fondo, para trabajar en el cambio cultural necesario.

No alcanza con palabras cargadas de buenas intenciones, como las expresadas por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en su tradicional discurso de apertura del año judicial: si realmente le preocupan los femicidios, debería disponer que sean obligatorias las capacitaciones que se venían haciendo desde la Oficina de la Mujer, que creó Carmen Argibay en el máximo tribunal, para que los operadores de la Justicia incorporen la perspectiva de género. Hoy son optativas. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, estableció la obligatoriedad de esos cursos para los defensores. El Consejo de la Magistratura podría evaluar, al avalar el nombramiento de nuevos jueces o sus ascensos, si los candidatos conocen sobre la temática. Y a través de las comisiones de disciplina y acusación, en cada provincia, los órganos respectivos podrían analizar las denuncias contra magistrados que incumplen con la debida diligencia de investigar las denuncias de violencia machista. No avanza ninguna acusación. Los jueces tampoco tienen consecuencias. Como los golpeadores.

Dos informes que se conocieron la última semana, uno de la Defensoría del Pueblo bonaerense y otro de la Defensoría General de la Nación –publicados oportunamente en este diario– dan cuenta del fracaso del abordaje que ofrece la Justicia tanto en la provincia como en los tribunales nacionales asentados en la ciudad de Buenos Aires. Me atrevo a decir que el fracaso es generalizado en todo el país. Los diagnósticos recientes son similares a otros realizados un par de años atrás por las mismas instituciones y por ONG especializadas. ¿Cuántos diagnósticos más serán necesarios para que se entienda que así no se está protegiendo a las mujeres que denuncian violencia machista ni se está frenando el fenómeno? ¿Cuánto femicidios más vamos a tener que contar para que los decisores políticos se comprometan realmente con el #Ni una menos y entiendan que no alcanza con sacarse una foto con cara de preocupación?

En la última década, fiscales, jueces y otros operadores de la Justicia en distintos puntos del país fueron, de una forma u otra, partícipes necesarios (¿cómplices?) de numerosos femicidios al minimizar las denuncias de mujeres que terminaron asesinadas por su pareja o ex pareja, demorar el dictado de medidas cautelares para protegerlas, no controlar su cumplimiento y dejar impunes delitos como lesiones leves y amenazas, que luego derivaron en agresiones mayores, hasta la muerte. Una vez cometido el femicidio, en algunos casos aplicaron penas atenuadas, luego de justificar las conductas del asesino, con diversos argumentos que denotan prejuicios arraigados, por ejemplo, una presunta infidelidad de la esposa, o interpretaron como “abandono” la decisión de la mujer de separarse para terminar con un vínculo atravesado por malos tratos. Lo acaba de señalar un estudio de la DGN y Amnistía Internacional.

El Congreso aprobó a fin de año una ley que crea un servicio a nivel nacional de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas. No tiene presupuesto asignado. No se sabe aún cómo se implementará. Es fundamental: está probado que las causas de violencia de género avanzan si la mujer tiene un abogado o abogada que la represente. Ya la ley 26.485 establecía que el Estado debía garantizarlo. No se trata solo de discutir y aprobar nuevas leyes –aunque algunas son necesarias, como quitar la patria potestad a los femicidas–, sino de conocer las leyes vigentes y los estándares internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional para investigar con la debida diligencia las denuncias y los delitos involucrados. Y que se disponga el presupuesto adecuado para llevar adelante políticas sociales coordinadas, que garanticen la autonomía económica y emocional de las víctimas, para poder salir efectivamente del círculo de la violencia machista en las relaciones de pareja.

En la medida en que los gobiernos nacional, provinciales y municipales, y la Justicia incrementen sus presupuestos para las áreas involucradas, con montos razonables, demostrarán un real compromiso con la protección de las víctimas. Lo demás es pura espuma.

Los agresores maltratan, golpean, amenazan y no pasa nada. Y esa falta de respuesta judicial frente a las denuncias que hacen ellas, las maltratadas, golpeadas, amenazadas, los infla de poder, los envalentona, los ceba. Ya no matan en la intimidad del hogar convertido en infierno, sin testigos: lo hacen en un bar, en la calle, delante de abogados, sus propios hijos u otros familiares de las víctimas. Lo vimos tal vez con más claridad cuando el empresario Fernando Farré apuñaló con una cuchilla de cocina dentro de un vestidor a su ex esposa, Claudia Schaefer, cerca de los abogados de ambos y su ex suegra, que observaron atónitos el ataque desde una ventana del parque del exclusivo country Martindale, de Pilar. Ella lo había denunciado por violencia de género. La semana pasada Cristian Halliú asesinó de 17 puñaladas a su ex Cintia Laudonio, mientras dormía: llegó a la madrugada, saltó la reja, rompió una ventana y entró a atacar a su ex pareja, en Morón. Un hijo que tuvo con ella y otros dos niños que Cintia había tenido en otra relación presenciaron el ataque.

Apenas dos ejemplos. Pero la lista es larga. Los jueces que intervienen en causas de violencia machista tienen a su disposición distintas herramientas para intentar que los hombres denunciados cambien sus conductas. Pero no todos las aplican. O desconocen la letra de la Ley 26.485 o la ignoran. No sé qué es peor. La ley dispone en el Capítulo II sobre Procedimiento que ante el incumplimiento de los agresores de las medidas ordenadas por el juez deberán aplicar, entre otras sanciones, la “asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendiente a la modificación de conductas violentas (artículo 32, inciso c)”. Hay distintas instituciones –públicas y de la sociedad civil– que desde hace varios años ofrecen atención a varones agresores. En la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Alvarez cuenta con un grupo psico-socio-educativo, pero su coordinador, psicólogo, y la trabajadora social a cargo, trabajan ad honorem, y hay lista de espera de varios meses porque sin sueldo no pueden ampliar el cupo. Esa es la política del gobierno macrista en la Ciudad desde hace tiempo.

La mayoría de los varones agresores llega al grupo del Alvarez en el marco de una probation, es decir, los jueces podrían haberlos mandado antes, con los primeros incumplimientos de las órdenes de protección, pero como no quedan registradas, recién en el marco de juicios penales, con causas más graves, se les cambia la pena por la obligación de concurrir a estos espacios terapéuticos. En algunos casos, los operadores de la Justicia, cuando finaliza la situación jurídica del agresor, les dicen que no necesitan continuar con el tratamiento, dando cuenta, una vez más, de su desconocimiento sobre la problemática y de los beneficios que podría significar para ellos y sus familias. La capacitación para jueces, fiscales y defensores oficiales debería incluir este ítem. Los profesionales que integran la Red de Equipos de Trabajo y Estudio en Masculinidades Retem, que trabajan con estos varones, están dispuestos a ofrecer sus voces.